Nueva Ley de Compras Públicas

El 25 de enero fue aprobada la nueva Ley de Compras Públicas por la Asamblea Legislativa, que sustituirá a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), legalizando muchas de las irregularidades que ha cometido el gobierno desde la declaratoria de la emergencia por la pandemia de covid-19, hasta la aprobación de disposiciones especiales para que grandes obras de infraestructura millonarias evadan los controles de los fondos públicos.

Esta ley viene a sumarse a otras que han sido creadas olvidando desde su nacimiento la rigurosidad en el manejo de los recursos del Estado, entre ellas, el voto electrónico en el exterior, la construcción del Tren y Aeropuerto del Pacífico, la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y la edificación de nuevas cárceles, entre otros.

Existe falta de transparencia del gobierno al declarar en reserva hasta por 7 años la mayor parte de la información relativa a las compras o gastos de las instituciones públicas. No solo el Ejecutivo abusa de la reserva de información, la Asamblea Legislativa mantiene en reserva total los itinerarios de vuelo cuando diputados salen del país; así como las contrataciones de personal.

La normativa contiene 195 artículos, Diputados de oposición señalan que se aprobó sin análisis y sin conocer la opinión de expertos, estos señalan que puede prestarse al mal manejo de fondos públicos.

Entre algunos aspectos relevantes podemos mencionar que esta ley no prohíbe que funcionarios públicos sean ofertantes, en su artículo 25 dice que la nueva normativa prohíbe ofertar en la “misma entidad”, pero no en otras instituciones del Estado.

La ley también aumenta exclusiones a procesos en contrataciones, evade controles y mecanismos de transparencia, como por ejemplo las adquisiciones de seguros paramétricos que contrate el Estado con organismos internacionales, operaciones de colocación de títulos en el mercado internacional y contrataciones realizadas por la Dirección de Obras Municipales.

Además, en su artículo 3 excluye a los denominados “proyectos estratégicos” que serán definidos por el Consejo de ministros, esto abre la puerta a la discrecionalidad del uso de fondos públicos porque solo ellos sabrán cuales serán esos proyectos y los criterios para catalogarlos así.

Ya no existirá la obligación de compras a PYMES, ya que se deja como una opción ya que en la nueva ley establece que las compras de PYMES “podrán ser” de un 25%, mientras que la LACAP establecía que “deberán ser”.

La nueva ley entró en vigencia 8 días después de su aprobación sin dejar espacio para formar a la gente sobre este tema y pese a que no se tiene toda la normativa necesaria, se pidió aprobar en la misma plenaria con dispensa de trámite la Ley de creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC).

La DINAC será el “ente rector en contratación pública a nivel nacional”, institución descentralizada con autonomía administrativa y presupuestaria, planificará, vigilará, supervisará, modernizará y controlará todo lo relacionado a compras públicas. Sobre el procedimiento, la DINAC propondrá al Consejo de ministros la política anual de compras públicas, y cada jefe de la Unidad de Contrataciones de las instituciones públicas deberá cumplirla.

La DINAC también deberá administrar y normar el Sistema Electrónico de Compras Públicas (COMPRASAL), de uso obligatorio para las instituciones y entidades sujetas a la Ley de Compras Públicas. Este Sistema Electrónico contendrá “todos los documentos y actuaciones que deban registrarse o publicarse, según la normativa vigente y de acuerdo a los lineamientos emitidos por la DINAC”.

La DINAC será la encargada de aplicar la nueva Ley de Compras Públicas, creada para regular los procesos con los que los funcionarios usan los recursos provenientes de los impuestos de los salvadoreños.

Abogada y defensora de derechos humanos