La Sala de lo Constitucional rechazó cinco demandas de amparo contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que presentaron los partidos políticos ante su inconformidad por los nombramientos de nuevos diputados y concejos.
Los recursos de amparo fueron presentados por los partidos GANA y ARENA en los departamentos de San Vicente y Sonsonate, San Gerardo, San Miguel y Zacatecoluca.
Los magistrados José Óscar Armando Pineda, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime y Sidney Blanco, aclararon en la sentencia “que las resoluciones no implican pronunciamiento alguno sobre la validez o invalidez de las recientes elecciones para diputados de la Asamblea Legislativa y municipalidades; tampoco debe entenderse que constituye un pronunciamiento acerca de la existencia o no de irregularidades que se mencionan en las demandas”.
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El presidente del Tribunal Supremo Electoral instó a los legisladores a analizar si se debe continuar con el voto cruzado en la elección de diputados al Parlamento Centroamericano.
El Máximo Tribunal de Justicia en materia constitucional, estableció que la verificación de documentos y la determinación del conteo de votos, presentados por los demandantes, “escapa de su competencia para determinar la falsedad o autenticidad de documentos”.
Entre las demandas está la del escrutinio para diputados del departamento de San Vicente, el demandante del partido GANA, invocó la vulneración de sus derechos constitucionales respecto de la decisión del TSE de incluir el escrutinio de las papeletas de la JRV n° 9140, del municipio de Guadalupe.
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En el escrutinio final del departamento; dichas papeletas se encontraron en el basurero del centro educativo. El demandante consideró que se vulneró el procedimiento de cadena de custodia establecido en el CE y se constituyó fraude electoral, dándole la victoria a la coalición entre ARENA y PCN.
La Sala reconoce al TSE como la máxima autoridad en materia electoral, ya que ha aceptado dichos resultados, por lo tanto “no puede dirimir conflictos relacionados con la legalidad de los procedimientos realizados o la decisión tomada por dichas autoridades, ya que ambas han actuado dentro del ámbito de competencias constitucionales y legales conferidas”.