“Resulta evidente la marcada intención por parte del funcionario judicial de justificar a toda costa la conducta de los procesados (en caso tregua) del contexto de sus facultades y sobre todo de la sujeción de sus cargos a la ley y la Constitución…”.
Así reprocha la Cámara Especializada de lo Penal el proceder del Juez Godofredo Salazar, titular del Tribunal Antimafia de Sentencia de San Salvador, que exoneró de cargos a los 18 procesados por la tregua entre pandillas que duró entre 2012 y 2013.
Ante este razonamiento, la misma Fiscalía General de la República no descartó iniciar un proceso al funcionario por presunto prevaricato (emitir fallos injustos o parcializados). La Cámara anuló la absolución emitida por el juez Salazar y ordenó repetir el juicio.
Para los magistrados de la Cámara, el juez Salazar intentó en la sentencia justificar la actividad desarrollada por algunos de los procesados, quienes en ese momento fungían como funcionarios o empleados de Centros Penales.
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El funcionario, según el tribunal superior, se basa en el documento denominado “Plan Quinquenal” del gobierno de Mauricio Funes, del cual no se ha mencionado y no se cuenta con registro alguno dentro del proceso.
Por lo anterior, para la Cámara “queda claro que el marco de referencia empleado por el funcionario judicial para definir la responsabilidad penal de los procesados, descansó en los lineamientos establecidos o contenidos en el supuesto plan de gobierno, cuyas directrices señala el juzgador de las altas autoridades”.
Entre los procesados por el caso tregua y quienes fueron beneficiados con la sentencia del referido juez figura Raúl Mijango, quien se hacía pasar como mediador de la tregua entre las dos pandillas.
Mijango enfrenta desde ayer la audiencia preliminar con relación a la acusación de haber extorsionado a una empresa.
También se vio beneficiado con la sentencia el exdirector general de Centros Penales, Nelson Rauda, y otras 16 personas, algunas de las cuales formaron parte de los Consejos Criminológicos y oficiales de la Policía, entre otros.
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Requerimiento fiscal dice que Mijango y Fabio Colindres fueron los delegados del gobierno para negociar la tregua.
Los magistrados de la Cámara cuestionan que el juez Salazar argumenta en la misma que “las actividades que los procesados desarrollaron dentro del supuesto proceso de pacificación se encontraban bajo el resguardo de directrices emanadas de los estratos superiores orquestados o dirigidos por el señor Funes Cartagena como presidente de la República, en cumplimiento de un documento denominado Plan Quinquenal”.
Señalan los magistrados que aparentemente “se incluye en ese plan quinquenal estrategias dirigidas a facilitar un pacto con las principales estructuras delincuenciales de El Salvador, con el fin de reducir los índices de homicidios en nuestro país”.
Señalan además que resulta evidente que la sentencia absolutoria emitida por el juez Salazar está sustentada en “un elemento probatorio que no ha sido incorporado en legal forma al proceso, con ello este tribunal constata que efectivamente, tal como lo afirman los recurrentes en la sentencia, se configura el vicio contenido en el numeral 3 del artículo 400 del Código Procesal Penal por encontrarse sustentada en un medio probatorio no incorporado al juicio conforme a los parámetros legales”.
Advierten los magistrados que con lo anterior, el juez Salazar “intenta hacer a un lado la tesis fiscal en torno a la responsabilidad de cada uno de los procesados, desacreditando de manera general los elementos probatorios ofertados e incorporados por el Ministerio Público en la vista pública”.
La Cámara trae a cuenta que el juez Salazar trató de justificar la conducta delictiva de actos arbitrarios en los que “legalmente no existe respaldo que justifique la emisión de esas decisiones y la explicación se encuentra en la finalidad perseguida, de un supuesto plan de pacificación, cuya ejecución resquebrajó los protocolos para los centros penitenciarios donde se alojan pandilleros”.
La tregua de pandillas en imágenes
La tregua de pandillas fue un proceso no transparente en la que participaron varias autoridades del Gobierno de Mauricio Funes según consta el requerimiento del caso, 22 personas entre ellas Raúl Mijango, Nelson Rauda y empleados penitenciarios enfrentan la audiencia preliminar en el Juzgado Especializado de Instrucción.
Considera la Cámara que el juez Salazar incurrió en “una falta de fundamentación descriptiva, al haber omitido la incorporación de material probatorio que había sido ofrecido por la Fiscalía y admitido por la jueza de Instrucción para la vista pública”.
Lo anterior, indican, “desemboca en una falta de fundamentación intelectiva al no existir pronunciamiento alguno respecto de dichos elementos de prueba”.
FGR evalúa investigar a juez por prevaricato
Horas después de conocerse la resolución del tribunal superior, el Fiscal General Douglas Meléndez dijo que “el juez resolvió de forma incorrecta y la Cámara está haciendo señalamientos fuertes sobre la resolución”.
Agregó que “la Cámara ha hecho un buen análisis y está diciendo que no se valoraron pruebas que presentamos”.
Señaló que el tribunal superior está “diciendo que se valoraron otras situaciones que no eran ni pruebas, la resolución respalda el actuar de la Fiscalía”.
La jefa de la unidad Antipandillas de la Fiscalía, Guadalupe de Echeverría, dijo por su parte: “Cabe la posibilidad de que el juez Godofredo Salazar pueda ser investigado por prevaricato. Sin embargo, añadió que será el Fiscal General el que tome esa decisión.
Echeverría también indicó: “El juez fue más allá de lo que la ley le permite al basar su decisión en un documento que no había sido incorporado legalmente al proceso”.
Juez no responde a cuestionamiento
Se trató de conocer la versión del juez Godofredo Salazar sobre los cuestionamientos hechos por los magistrados de la Cámara, pero el jefe de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, Ulises Marinero, aseguró que le consultaría; pero al cierre de esta nota no había dado respuesta a la petición.