Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) sigue sin abrir un proceso contra el expresidente Mauricio Funes y el exministro de Justicia y Seguridad y hoy ministro de Defensa, David Munguía Payés, por el caso denominado tregua entre pandillas, en la acusación contra los detenidos en la Operación Cuscatlán, un testigo fiscal relata cómo fue el proceso para que el primer gobierno del FMLN llegara a un acuerdo con pandilleros.
De acuerdo con el testimonio de un delincuente, entre febrero y marzo de 2012, Raúl Mijango, el obispo castrense Monseñor Fabio Colindres y otro sujeto, al que solo identifica como Roberto, se reunieron en seis ocasiones con pandilleros de la MS y las dos alas de la mara 18 para acordar una reducción de homicidios a nivel nacional, a costa de varios beneficios en los penales.
Ese año, El Salvador se preparaba para las elecciones de diputados y alcaldes.
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La orden, según Fiscalía, fue luego de que Edwin Kember Méndez Gámez fuera detenido cuando intentaba enterrar una cabeza en Usulután.
La FGR detalla que en la primera reunión, a inicios de febrero, fueron sacados de las celdas del penal de máxima seguridad, Zacatraz, unos 25 pandilleros MS. Mijango, en esa ocasión les explicó que había asistido al penal por órdenes de Funes para negociar con ellos bajar los homicidios, y que ya se había reunido con otros pandilleros en el penal de Ciudad Barrios, en San Miguel.
“Raúl Mijango les manifestó que a ellos (Colindres y Roberto) los había mandado directamente el presidente de la República, Mauricio Funes, para que negociara con ellos y que bajaran el índice de homicidios”, dice el requerimiento fiscal de operación Cuscatlán.
La Tregua
“El Presidente (Funes) ya autorizó los traslados a otros penales de todos ustedes y necesito que todos ustedes se comprometan a firmar el documento de no agresión mutua y parar los homicidios”.
Además les habría aclarado que eso era un proyecto de Gobierno y contaban con el respaldo de la Policía y de la Fuerza Armada.
Sin embargo, los pandilleros, entre quienes estaban Borromeo Henríquez Solórzano, alias Diablito de Hollywood; y Élmer Canales Rivera, alias el Crock (sacado unos días, en enero pasado, del penal de Zacatraz por requerimiento del Centro Antipandillas Transnacional), respondieron que ya habían tenido acercamientos con otros políticos previo a otras elecciones y que cuando estos llegaban al poder, se olvidaban de la MS.
De hecho, una carta anexa al requerimiento del caso tregua con fecha del 12 de enero de 2012, muestra un reclamo de la MS a Funes, acusándolo de no haber cumplido con 10 promesas que habrían sido negociadas en 2009, antes de las elecciones presidenciales.
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Fiscalía asegura que el pacto entre las pandillas les permitió comprar armamento para atentar contra policías y soldados. Sostiene que Gobierno de Funes entregó prebendas y dinero a cabecillas a cambio de réditos políticos.
En la primera reunión con Mijango, los pandilleros, se supone, no llegaron a ningún acuerdo, pero solicitaron que algunos de ellos fueran trasladados a penales de menor seguridad. Asimismo, dijeron que harían una votación en Zacatraz para conocer qué opinaban los demás.
Según el testigo, una semana después, Mijango, Colindres y Roberto llegaron otra vez al penal. Henríquez Solórzano le dijo que en Zacatraz estaban de acuerdo en negociar pero querían que se trasladara al menos a 40 pandilleros de esa cárcel a otras de menor seguridad.
Mijango, según la declaración, manifestó esa vez que Munguía Payés estaba al tanto del “proyecto”, ya que había ordenado a la Policía y a la Fuerza Armada que no se metieran con los miembros de la MS y la 18. También propuso que Zacatraz fuera el lugar donde se reunieran ambas pandillas y acordaran no atacarse entre ellas.
Siempre en febrero, en la tercera reunión, en la cual de parte de la MS solo estuvo Henríquez Solórzano y otros miembros de la pandilla 18, Mijango, Colindres y Roberto le habrían facilitado al pandillero hacer una llamada a un pandillero del penal de Ciudad Barrios para acordar “no sabotear las elecciones”.
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“Hey, mire, así no es la cosa, usted tenía que esperar la respuesta de nosotros”, reclamó en la cuarta reunión Henríquez Solórzano, según el testigo, refiriéndose a los 20 pandilleros de la 18 que habían asistido a la cita en Zacatraz.
Sin embargo, la FGR dice que en esa reunión Mijango dijo que ya no podían esperar que las pandillas llegaran a un acuerdo y que tenían que firmar un documento que decía “paz y convivencia social”.
Esa vez, Henríquez Solórzano hizo una serie de peticiones a costa de firmar, entre ellas insistió en el traslado de los pandilleros a otros penales y la permisión de contar en los centros de reclusión con aparatos DVD, grabadoras y acceso a visitas conyugales, entre otras.
En la quinta reunión, en marzo de 2012, al parecer los pandilleros firmaron el acuerdo con Mijango, y a cambio de ello, se les iban a habilitar tiendas institucionales en los penales y se accedería al traslado de los pandilleros a otras cárceles.
“El señor Presidente ya autorizó los traslados a otros penales, de todos ustedes, y lo que necesito es que todos ustedes se comprometan a firmar el documento de no agresión mutua y parar los homicidios contra el sistema”, establece la acusación fiscal.
Dos días después, dice la Fiscalía, cuatro pandilleros fueron traslados a otros penales y otros 15 en la madrugada del 8 de marzo.