El pago de $14 millones que hacían falta para pagar los Certificados de Inversión Previsional (CIP) que vencen el 8 de julio se ha solventado con la reorientación que aprobó ayer la Asamblea, de $28.7 millones de la titularización de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) y de daciones de pago que recibe la Fiscalía en representación del Estado.
El resto de lo avalado, $14.7 millones son para reforzar el pago de las pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
Con esta incorporación de dinero al Presupuesto General de la Nación de 2017, el gobierno logra cumplir con su obligación de pago de los CIP que inician el 8 de julio, aunque en octubre le espera otra obligación de $91 millones.
Para esa fecha, los diputados confían en que ya habrán logrado un consenso para aplicar una reforma integral de las pensiones y así no tener que acudir siempre a reorientaciones del presupuesto como lo ha venido haciendo la Asamblea a petición del gobierno desde abril pasado.
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Esto, a raíz de que el Presupuesto del presente año fue aprobado sin la partida correspondiente al pago de las pensiones, una situación por la cual, según el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema podría declarar inconstitucional el presupuesto.
Con la modificación aprobada ayer suman tres reorientaciones de gasto que los diputados han tenido que avalar, la primera de $56 millones; una segunda de $33 millones; y la de ayer por $28.7 millones.
El pago de $91 millones para octubre comienza a preocupar a los diputados, y para ello algunos plantearon ayer otras opciones de pago que no sea a través de reorientaciones de gastos, que en ocasiones han sido en detrimento de ministerios claves como el de Salud Pública y de Educación.
El jefe de fracción de ARENA, Alberto Romero, afirmó que le han planteado al gobierno que como bancada tricolor están dispuestos a respaldarlos con el financiamiento de $125 millones que hacen falta para pagar pensiones en lo que resta del año, si a cambio de eso, acceden a la propuesta de reforma que presentó la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP), sin ninguna modificación, tal como está.
Sin embargo, Romero valoró que al FMLN no le interesa analizar esa alternativa, y que a eso se debe que Lorena Peña, del FMLN, le esté dando largas a la discusión de las propuestas de pensiones.
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador también alertó ayer de que el país vuelva a caer en impago en octubre próximo si no se toman las providencias del caso.
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El presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, de GANA, expuso que han propuesto subir la rentabilidad que el gobierno paga por los CIP hasta un 6 %, y que se haga de inmediato, no de manera escalonada como se está ejecutando. Por una orden de la Sala de lo Constitucional el gobierno pasó de pagar 1.5 % de interés por los CIP al 3 %.
Rolando Mata, del FMLN, aduce que eso no sería factible porque el dinero siempre tiene que salir del Estado.
Hacienda también quería que le aprobaran subir el techo del 45 % al 50 % de disponibilidad para hacer uso del dinero de pensiones, pero la oposición lo rechaza de tajo.