El vicepresidente de la República Óscar Ortiz y la diputada del FMLN, Lorena Peña, mostraron posturas distintas sobre el apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR). En la entrevista de Frente a Frente, Ortiz reconoció el trabajo de dicha institución y anunció que harán un desembolso de parte del dinero recaudado vía la llamada “Contribución especial a la seguridad”. Por su parte, Peña, en la entrevista del Noticiero Hechos, criticó al Fiscal General por las “quejas” que hace sobre el presupuesto que se ha asignado a dicha entidad.
Ortiz expresó su respaldo a la FGR y anticipó que de los $74 millones recolectados vía impuesto de seguridad en este segundo trimestre, darán $7 millones a esa institución. Con esto buscan corregir la distribución de anterior, en la que a la Fiscalía dieron solamente $250 mil de los $11.5 millones recaudados, y la mayor parte del dinero lo asignaron a la Policía y Fuerza Armada.
Ante esto, las críticas de los partidos de oposición no se hicieron esperar y argumentaron que el papel de la Fiscalía en la investigación del delito es igual de importante al que realizan la Policía y los soldados, y que también trabajan bajo el mismo riesgo. Finalmente, los partidos acordaron que se le dieran $10 millones a la FGR de la “contribución especial” a la seguridad.
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Sin embargo, Ortiz habla por ahora de $7 millones en este trimestre y que posteriormente se le dará otra cantidad.
El vicepresidente detalló, además, que darán una buena porción a la PNC y habló de otorgar $8 millones adicionales a los $12,5 millones que recibirá juntamente con la Fuerza Armada para bonos a agentes y soldados.
En otra entrevista televisiva, la diputada Lorena Peña, presidenta de la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, arremetió contra el Fiscal General, Douglas Meléndez, quien se ha quejado que el presupuesto asignado no le alcanza para investigar el delito, perseguir y ordenar la captura de delincuentes.
Peña dijo que la asignación del presupuesto para la institución que él dirige “no es de su competencia, sino del Ejecutivo a través del consejo de ministros y finalmente de los diputados para su aprobación”.
Dada la carencia de fondos que le son asignados a la Fiscalía, en un país donde la violencia y la delincuencia son uno de los principales problemas del país, Meléndez ha pedido a la Sala de lo Constitucional que lo declare inconstitucional.
“El señor Fiscal se sale de sus competencias porque la Constitución establece que el presupuesto debe ser de acuerdo con todos los ingresos establecidos, y con todos los gastos que el Estado estime pertinentes para cumplir los fines. La Constitución dice que el Consejo de Ministros es el que aprueba el proyecto de presupuesto, es decir es el Presidente junto con su gabinete el que define las prioridades”, justifica Peña.
“Que dice el Fiscal que no tiene lo prioritario… si a él no le toca establecer las prioridades sino al Consejo de Ministros, lo que hace es un juicio de valor pero no un juicio jurídico, que le tocaría”, recordó.