La política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye la expulsión de los integrantes de las maras a sus países de origen, supondrá una desestabilización de las naciones centroamericanas, pues incrementará la inseguridad y la violencia.
Así lo advierte en el artículo La nueva Administración de EEUU, los inmigrantes, la MS-13 y la construcción del muro publicado este 5 de marzo en Firmas de EFE, la consejera técnica y analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) María Luisa Pastor Gómez, quien deja claro que en esta “cruzada” Trump busca asociar a los inmigrantes con “asesinos, narcotraficantes y pandilleros de la Mara Salvatrucha”.
Explica que la Mara Salvatrucha es un “colectivo criminal y extremadamente violento” creado precisamente en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, y no en El Salvador, en la década de 1980 por hijos de refugiados salvadoreños como reacción a la xenofobia y la marginación en el país de acogida.
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La actual política migratoria de Trump se sustenta en distintos anuncios y medidas: levantar un muro en la frontera de México; la supresión de programas de protección, concedidos por razones humanitarias; la aplicación de un impuesto sobre las remesas que los inmigrantes envían, que contribuyen de manera notable a las economías de sus lugares de origen; y la expulsión de los miembros de las maras que actúan en Estados Unidos.
“La primera medida antiinmigración se anunció en septiembre de 2017 con la decisión de no renovar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en sus siglas en inglés)”, apunta Pastor.
Este programa, detalla, había permitido regularizar a los niños, de forma temporal, que entraron ilegalmente en EEUU. Son los conocidos “dreamers” (soñadores).
“En cuanto a las maras (pandillas), tanto el presidente Trump como el fiscal general, Jeff Sessions, están llevando una estrategia coordinada de acusar a la Salvatrucha de atentar contra la seguridad pública y amenazan con deportaciones masivas de sus miembros”, agrega la experta.
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El dato lo confirma funcionario del FBI. El Servicio de Inmigración analiza la información.
Pastor recuerda que “entre 1996 y 2002 fueron expulsados cerca de 31.000 delincuentes con condena a Centroamérica, de ellos 12,000 a El Salvador”, donde encontraron un Estado frágil, en fase de recuperación de una guerra civil que asoló el país, y que los pandilleros aprovecharon para fortalecer sus estructuras y convertirse en la amenaza a la seguridad que son hoy día.
“Estos grupos se expandieron de Los Ángeles a otras ciudades de EEUU con poblaciones de inmigrantes considerables; lo que provocó que un problema inicial de unos cientos de pandilleros terminó convertido en la existencia de 10,000 miembros de la Salvatrucha en Estados Unidos y un aumento de 30,000 en Centroamérica”, añade.
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La analista del IEEE advierte de que “la deportación de estos delincuentes supondrá una desestabilización de los países centroamericanos, especialmente si tenemos en cuenta la desproporción que suponen los 10,000 miembros de las maras en Estados Unidos con una población de 323 millones de habitantes, frente a los 60,000 pandilleros que se estima existen en El Salvador, un pequeño país de 6.5 millones de habitantes”.