Grupos de inmigrantes de El Salvador y Haití entablaron el jueves una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump, argumentando que su decisión de poner fin al estatus de protección temporal para inmigrantes se basa en el racismo.
La querella presentada ante un tribunal federal en Boston exige impedirle al gobierno eliminar el estatus de protección temporal para miles de inmigrantes haitianos y salvadoreños. Argumenta que la decisión de Trump de eliminar el programa se basa en su antipatía hacia personas de tez oscura y cita como prueba los comentarios que ha hecho Trump como candidato y desde que asumió la presidencia.
“Muchos de los demandantes han estado viviendo en Estados Unidos durante décadas”, declaró Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente, una organización de defensa de inmigrantes con sede en Massachusetts y que es una de las denunciantes.
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“Si se deroga el TPS, estos inmigrantes podrían perderlo todo, sus viviendas, sus negocios, sus familias, el dinero que han invertido en sus comunidades”. TPS son las siglas en inglés del programa Estatus de Protección Temporal.
El TPS fue aprobado para dar alivio temporal a ciudadanos de países que experimentaban conflictos armados, desastres naturales u otros problemas.
En enero, la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen anunció que las protecciones para los salvadoreños terminarían y que tenían hasta el 9 de septiembre de 2019 para salir de Estados Unidos o serían deportados.
Meses antes, el gobierno anunció el cese de las protecciones para haitianos, dándoles hasta el 22 de julio de 2019 y para los nicaragüenses, hasta el 5 de enero de 2019. El gobierno dijo que este año tomará una decisión con respecto a los hondureños.
El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que las condiciones en Haití han mejorado lo suficiente desde el terremoto de 2010 para que el país “pueda ahora recibir sin problemas un nivel usual de ciudadanos que retornan”.
El gobierno de Barack Obama había extendido las protecciones a los salvadoreños en 2016, afirmando que el país sufría todavía las repercusiones de los terremotos del 2001 que mataron a más de 1.000 personas. El gobierno de Trump afirmó el mes pasado que el país centroamericano había recibido suficiente ayuda internacional para recuperarse del sismo y que se habían reconstruido las viviendas y las escuelas.
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Sin embargo, según la demanda, las razones esgrimidas por las autoridades para poner fin a las protecciones “no son más que un tenue pretexto para llevar a cabo una agenda de discriminación racial”.
La querella fue presentada por Lawyers’ Committee for Civil Rights and Economic Justice (Comité Legal a favor de los Derechos Civiles y la Justicia Económica) en nombre de ocho inmigrantes inscritos en el programa, entre ellos un salvadoreño que es propietario de un restaurante en Massachusetts y un inmigrante haitiano de 19 años que asiste a una universidad en Boston.
Se basa en reportes de que Trump cuestionó el hecho de que Estados Unidos está aceptando inmigrantes de Haití, usó una grosería para referirse a países africanos y expresó deseos de que se estimule la inmigración de países como Noruega. También menciona versiones de que Trump manifestó que los haitianos que recibieron visas a Estados Unidos “todos tienen sida” y comentarios de Trump durante la campaña como por ejemplo que los inmigrantes mexicanos “traen la delincuencia” y son “violadores”.