El presidente estadounidense, Donald Trump, utiliza a los “soñadores” y a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) como “moneda de cambio” en el Congreso para obtener el presupuesto para reforzar su política antimigrante, dijo el director de una organización social salvadoreña en una entrevista con Acan-Efe.
De acuerdo con César Ríos, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI), Trump dio al traste con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS) para “negociar” beneficios a la población afectada a cambio de beneficiar sus “intereses políticos y económicos”.
Sostuvo que Trump condiciona la no deportación de los “soñadores” y de los amparados por el TPS a la aprobación de fondos en el Congreso para construir un muro en la frontera con México, ampliar en número de agentes fronterizos y de jueces de migración, y “eliminar las ciudades santuario”.
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“Estamos en medio de una negociación del presupuesto de EE.UU. y en un período en el que el presidente quiere, a como dé lugar, construir el muro”, porque es una promesa de campaña y “no se va a ir del periodo presidencial sin cumplir”, acotó.
Trump anunció en septiembre pasado el fin del programa DACA promulgado por Barack Obama en 2012, que protegía de la deportación a unos 690.000 jóvenes que llegaron al país de niños, conocidos como “soñadores”.
Su Gobierno también anunció el 7 de enero pasado la suspensión del TPS para más de 190,000 salvadoreños en septiembre de 2019, tras haber hecho lo mismo con el beneficio para los nicaragüenses y los haitianos.
No obstante, Ríos señaló que está negociación, y el hecho de que la administración de Trump tiene como prioridad expulsar a los pandilleros, abonaría a que EE.UU. no inicie una deportación masiva de salvadoreños.
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Añadió que “Estados Unidos, en estos momentos, no está preparado para una deportación masiva” porque “un deportado cuesta mucho” y que el país centroamericano tampoco tiene la capacidad económica y social para recibir a estos salvadoreños que quedarán a partir de septiembre de 2019 sin un amparo legal.
Sostuvo que para el mercado laboral del país centroamericano “se vuelve difícil” insertar a estas personas, “por muy expertas que sean”, y que para los retornados que tengan intenciones de iniciar un nueva empresa implicaría “volver a conocer el mercado, las condiciones y los hábitos”.
El activista también negó que los salvadoreños que posiblemente sean deportados vayan a engrosar las filas de las pandillas y a recrudecer la situación de violencia, que se ha cobrado la vida de casi 16.000 personas en los últimos tres años.
Ríos lamentó que Trump iniciara su “nueva política migratoria” con “el grupo poblacional que mejor se ha portado y que más ha respetado las leyes” y que, desde la campaña electoral, haya ligado la migración irregular con el terrorismo porque “estos grupos no son una amenaza para Estados Unidos”.
El activista aseguró que es “viable” la creación de una legislación para regular la situación de los “soñadores” y amparados por el TPS, y que la labor de las organizaciones de residentes tendría más peso en el Congreso que las gestiones del Gobierno salvadoreño.
El Ejecutivo de El Salvador, la comunidad salvadoreña en Estados Unidos y activistas proinmigrantes vienen batallado sin descanso en los últimos meses para el mantenimiento del TPS o al menos para su prórroga , como Trump hizo con el programa para los hondureños.
Aunque el TPS fue otorgado por George W. Bush por los terremotos de 2001 que asolaron El Salvador, este dio protección migratoria a otros nacionales que habían llegado décadas antes huyendo de la guerra civil y sus consecuencias.