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Implican a miembros de red “La Línea” en estafa de 33 millones de dólares

La red fue desarticulada en abril de 2015, y según el MP y la Cicig, era liderada por el expresidente y exvicepresidenta

Otto Perez Molina

El expresidente Otto Pérez Molina, quien guarda prisión preventiva, acusado de dirigir la estructura de defraudación aduanera denominada “La Línea” .  foto edh / archivo | Foto por Agencia AP

El expresidente Otto Pérez Molina quien guarda prisión preventiva, acusado de dirigir la estructura de defraudación aduanera denominada “La Línea” .  foto edh / archivo

GUATEMALA. Miembros de la trama de corrupción de “La Línea”, que tiene en prisión al expresidente de Guatemala Otto Pérez y su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, como Giovanni Marroquín, y responsables de la Hacienda del país, estafaron $33.3 millones en otro caso de fraude en Guatemala. 

La nueva red, cuyas actividades delictivas se constataron gracias a las escuchas a Marroquín por su participación en “La Línea”, urdió un sistema para evitar el pago de 255 millones de quetzales (33.3 millones de dólares) en obligaciones fiscales a la empresa Aceros de Guatemala, al tiempo que el cobro de un crédito fiscal de $1.5 millones. 

El caso se destapó en 2012 cuando fueron interpuestas 3 querellas contra la empresa por fraude en la compra-venta de chatarra, que Marroquín trató de sobreseer con sus influencias en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para lograr informes favorables con la actuación de la compañía. 

El exjefe del ente recaudador de impuestos Omar Franco, detenido en 2015 por estar implicado en el caso “La Línea”, y su sucesor, el responsable interino Elder Hermelindo Fuentes, arrestado el  viernes, están acusados de haber alterado estos informes para favorecer a la empresa. 

Junto a ellos, otros once trabajadores de la SAT están también involucrados en este caso, entre ellos Alfonso Castillo, intendente jurídico, en cuyo domicilio se encontraron $385,000; y Ariel de Jesús Guerra, responsable del área de fiscalización. 

No obstante, era Marroquín, junto a sus socios de la empresas Tres Puertos, el abogado Frank Trujillo; Alfredo Muñoz y Rigoberto Chacaj, quienes organizaron desde fuera la operación de fraude. 

De hecho, en el teléfono móvil de Marroquín, en prisión preventiva por el caso “La Línea”, se encontró un documento en el que se detallaba el pago a los funcionarios de la SAT por la alteración de los informes. 

Los hechos delictivos, presentados ayer por la Fiscalía General, Thelma Aldana; el titular de Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig),  Iván Velásquez; y el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Rivas, tuvieron lugar entre 2008 y 2010. 

Tres de los involucrados, la representante legal de la empresa, María Eugenia Valdez; el abogado Frank Manuel Trujillo; y el intendente de fiscalización de la SAT, Ariel de Jesús Guerra, se encuentran todavía prófugos de la Justicia, aunque se ha formado ya un “equipo de trabajo” para su captura, que las autoridades confían que obtenga resultados en los “próximos días”, afirmó Rivas. 

Por su parte, el responsable de la CICIG censuró las implicaciones que tienen casos como éste en el que las empresas tratan de defraudar al Estado, especialmente en un momento en el que las cuentas públicas se encuentran en un “estado calamitoso”. 

A este respecto, las autoridades reconocieron que existen varias denuncias por procesos similares que están siendo analizadas. 

Aunque se trata de un caso distinto al de “La Línea”, aclaró Velásquez, existen ciertos vínculos, por lo que continuarán las investigaciones. 

La red “La Línea” fue desarticulada en abril de 2015, y según el MP y la Cicig, era dirigida por Pérez Molina y la ex vicepresidenta.

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