Todos los días salen informaciones, fotos, videos que comprometen a políticos opositores y otros críticos del gobierno. Tomemos el caso actual: la captura de Neto Muyshondt, ex alcalde de San Salvador. Hace tres días salieron publicados en todos los medios del gobierno -los oficiales, los inoficiales y los inconfesables- las imágenes del traslado de Muyshondt a Mariona, incluyendo fotos del interior de su celda con él sentado en su cama.
Ningún periodista de un medio no gubernamental tiene acceso a este tipo de material – y tampoco lo publicaría de la forma burlona, vengativa y humillante como lo hace el coro de medios oficialistas. Uno no tiene que ser amigo o simpatizante del ex alcalde para constatar -y denunciar- que esto es guerra sicológica, fríamente planificada y orquestada para destruir a una persona. Esto se llama asesinato moral o linchamiento.
El caso Neto Muyshondt no es la excepción, sino es resultado de una maquinaria de guerra sicológica. No es obra de actores privados, sino resultado de una planificación sistemática por parte del gobierno. Siempre ha habido difamación, pero nunca a esta escala un esquema estatal de difamación que cuenta con recursos humanos presupuestarios que parecen ilimitados y son escondidos por un manto de información reservada.
Nunca hemos observado en el país una fusión tan integral de los aparatos y operaciones de seguridad, inteligencia del Estado y propaganda gubernamental. Siempre existe este tendencia antidemocrática, pero tienen su límite en mecanismos de control del Estado de Derecho. Cuando estos mecanismos de control -del parlamento y del sistema judicial- son debilitados, comprometidos o removidos, existe el peligro que los aparatos de seguridad, inteligencia y propaganda configuren una esquema integral de guerra sicológica contra supuestos ‘enemigos internos’ – o sea contra la oposición en el sentido más amplio: partidos, gremios, organizaciones ciudadanas, tanques de pensamiento, medios de comunicación independientes.
Conociendo estos riesgos, los países democráticos, en la medida que sienten necesario reforzar los aparatos de seguridad e inteligencia -por las razones que sean: amenazas interna o externas, reales o imaginadas-, también refuerzan sus medidas de control parlamentario y judicial sobre tales aparatos. Y sobre todo, tratan de nunca permitir que a los aparatos de seguridad nacional se les agregue un aparato estatal de propaganda, mucho menos uno que intervenga en políticas partidarias y electorales.
Aquí en El Salvador, estos mecanismos de control históricamente han sido débiles, y en este gobierno han sido concentrados en una sola mano: la presidencial.
Desde que el gobierno Bukele ha establecido sus propios medios de comunicación masiva (Noticiero El Salvador, Diario El Salvador), observamos una coordinación estrecha entre los órganos de seguridad (PNC, Fuerza Armada, Centros Penales, y desde el 1 de mayo también la Fiscalía General) con estos medios. En todos los operativos importantes, en capturas y allanamientos, van incrustados fotógrafos, camarógrafos y reporteros de los medios gubernamentales. No van como normalmente van los periodistas, para transparentar los procedimientos de seguridad, sino van como parte del aparato de seguridad – y van en exclusiva. Sólo ellos tienen acceso, sólo ellos tienen fotos y videos.
Segundo paso: Los materiales, que los dirigentes de este nueva orquesta de policías, fiscales, carceleros y periodistas gubernamentales consideran aptos para su estrategia propagandística inmediatamente se entregan a los canales digitales de información/desinformación y guerra sicológica. Así es que las imágenes de capturas, traslados de reos, operativos dentro de los penales inmediatamente aparecen en los canales de los youtubers como Marcelo Larín, José Valladares y Walter Araujo (y otros de “La Red”), y en las páginas Web de combate y desinformación como La Britany, Última Hora, Resistencia, Diario La Página, El Blog (y muchos más). Estos mismos sitios también están siendo nutridos diariamente de informaciones sobre investigaciones de la PNC, la Fiscalía y OIE – informaciones que ningún medio no oficialista puede independientemente verificar. En manos de manipuladores y con protección del gobierno, es materia prima para propaganda y difamaciones.