Con la gorra puesta a modo de verse más cool, desde un escenario realmente extraño para una conferencia de prensa, convocada además con mínima anticipación, el presidente Bukele, visiblemente molesto y agitado, repitió lo que ha dicho hasta la saciedad, añadiendo varias mentiras, acusaciones y amenazas contra los que, por explícita obligación constitucional, deben ponerle límites siempre que quiera excederse de sus funciones y atribuciones.
El villano de turno, esta vez, fue la Sala de lo Constitucional de la CSJ, por haber tenido el atrevimiento de decretar medida cautelar contra el decreto fraudulento que un par de días atrás Bukele había promulgado, justificándose con la interpretación antojadiza de un artículo de ley que otorga potestades legislativas transitorias al Presidente en caso de darse unas concretas condiciones por las que no cabe esperar que el Órgano Legislativo pueda ejercer sus funciones.
La situación a la que me refiero fue objeto de amplia cobertura periodística en los últimos dos días, por lo que no es necesario abundar en detalles en este espacio. Además a mí realmente me da mucha pena que se vuelva necesario instruir al presidente y a sus asesores jurídicos sobre algo que evidentemente es violatorio del espíritu y de la letra de la ley. Es obvio que, al prorrogar mediante decreto ejecutivo una ley cuya vigencia estaba expirando, actuaron de mala fe, oportunistamente, para invadir a conveniencia propia el ámbito de funciones y atribuciones del Órgano Legislativo.
Ante eso, aun el Fiscal General, que había estado bien calladito, no tuvo más opción que poner una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto fraudulento. La Sala tampoco pudo sacudirse el bulto. Era tan obvio el fraude, tan falsa la justificación, que la demanda fue aceptada rápidamente, suspendiéndose ipso facto los efectos del acto reclamado. Eso dio pie a que el Presidente se pusiera como víctima a reclamar que, con ese precedente, él no iba a poder actuar cuando hubiera una catástrofe natural, o en caso de una nueva situación de emergencia en otros ámbitos.
Pero el trasfondo de esos reclamos es simplemente que el presidente no quiere aceptar el control constitucional del ejercicio del poder. Esta función le compete a la Sala de lo Constitucional. No es usurpación de un poder que le corresponde al Ejecutivo; es poner en su lugar al verdadero usurpador, que es en este caso el Presidente de la República. La Constitución otorga pero a la vez limita el poder de los gobernantes. Así son las cosas en un estado democrático de derecho.
Durante su agitada diatriba, el Presidente volvió a mentir, en un vano intento de reforzar su argumento y su posición. Mintió sobre varias cosas. La Asamblea Legislativa no solo no estaba ausente, sino que llevaba ya varios días trabajando en la ley que sustituiría a la ley de emergencia. No hubo ni negligencia, ni indiferencia, ni ausencia. No había necesidad de suplantarla.
Dijo también el presidente lo habían dejado sin herramientas jurídicas, lo cual es completamente falso. Que no tenía dinero. Completamente falso. Que los hospitales estaban ya desbordados. Completamente falso. Y estarían todavía más desahogados si el Minsal no llenara las camas de los hospitales con pacientes asintomáticos; si el Presidente no hubiese creado un clima de terror que desalienta a los pacientes y a sus familiares a buscar atención médica temprana; habría menos contagios si el presidente no creara situaciones de aglomeración al realizar torpemente las entregas de subsidios monetarios y canastas alimenticias a las personas a las que él mismo les impide trabajar y conseguir su propio sustento.
Bukele sigue tratando de crear pánico en la población con la evocación de imágenes de Italia, España y Nueva York, pero en nuestro país no tienen por qué darse esas mismas situaciones que se presentaron en algunos países a los que la rápida propagación del virus tomó por sorpresa, en momentos en que se sabía muy poco sobre cómo reconocerlo y tratarlo. Ahora la comunidad médica sabe mejor cómo evitar que se agraven los enfermos y pongan presión sobre las unidades de cuidados intensivos y los dispositivos de ventilación mecánica. Mucha gente se está salvando gracias a los nuevos protocolos de atención médica.
Hay formas de reducir contagios y de acortar y hacer más efectivo el tratamiento médico, pero el Presidente solo piensa en encierro, es su única respuesta a un problema complejo. Además, los datos de contagio siguen siendo poco o nada confiables en la medida en que el gobierno puede manipularlos a su antojo, porque no permite a nadie ajeno acercarse a la operación de maquila de esa crucial información. Digo nadie ajeno, porque el representante de OPS no cuenta como ajeno; se ha dejado usar por el gobierno, ha sido cómplice en la creación de un clima de terror que no permite siquiera discutir formas más racionales de hacerle frente al problema.
Otra gran mentira es que El Salvador sería el único país que no mantiene una emergencia nacional. En realidad es lo opuesto. La mayoría de países no tiene vigente semejante ley. Algunos la tuvieron en un inicio para asegurar los recursos financieros que necesitarían y para planificar la respuesta gubernamental a la crisis. Pero una vez logrado eso, las herramientas jurídicas que ayudan a racionalizar los recursos y a ordenar los esfuerzos son de otra índole, no son declaratorias ni prórrogas de emergencia, y ciertamente no son instrumentos antojadizos para anular de facto los derechos de los ciudadanos.
Nadie niega que todavía tenemos una amenaza sanitaria de grandes proporciones, pero eso a estas alturas ya no es una emergencia y no debiera ser siquiera una crisis, si el gobierno se abriera a un diálogo genuino y le diera prioridad a las formas más efectivas de proteger a la población en vez de estar buscando cómo castigarla o la manera de prolongar innecesariamente una situación indeseable que el Presidente utiliza para consolidar formas antidemocráticas de gobierno.
Tanto la CSJ como la Asamblea Legislativa deben continuar haciendo la parte que les corresponde por mandato constitucional. No necesitan permiso del Presidente y no deben dejarse intimidar por él. No es problema suyo si el Presidente se enoja, si hace berrinche, si los amenaza con bloquear sus salarios y los fondos que necesitan para hacer su labor. Esto último fue una amenaza nunca antes vista, muy propia de un gobernante inmaduro y caprichoso, molesto porque las cosas no se hacen exactamente como él quisiera que se hagan.