Veinte mil soldados se propone reclutar el gobierno, un enorme número de militares para un país empobrecido a causa de la pandemia, muy golpeado por la corrupción como asimismo por las erráticas medidas económicas que se vienen implantando.
Pero “la Magdalena no está para tafetanes”. El país no puede soportar un enorme ejército cuyos miembros consumen pero poco producen y después que en los acuerdos de paz de 1992 se establecieron medidas para desmilitarizar a la sociedad, una de las causas que se alegaron para detonar la guerra en 1980.
En esa época abundaron los casos de soldados involucrados en bandas de secuestradores, sicarios, violaciones a los derechos humanos, algo que se viene a la memoria con el caso del joven asesinado de ocho balazos por un grupo de soldados en Santa Tecla, la semana anterior. El colmo fue que dos soldados provistos de armas largas permanecieron en la sala de la audiencia cuando los acusados fueron llevados ante el juez. Eso nos da la idea de lo que se viene...
El periódico digital El Faro reveló que el gobierno pactó un acuerdo con las pandillas. Con fotos y vídeos muestran al jefe de prisiones en varios momentos en que encapuchados entran en las cárceles, se encierran con cabecillas de las bandas criminales y luego se marchan, presuntamente con directrices para manejar venideras fechorías.
La gran ironía es que mientras persiguen a personas de gran trayectoria como Norman Quijano, acusándolas sin pruebas de supuestas reuniones con mareros, al mismo tiempo se denuncia que funcionarios de confianza del gobierno se juntan y pactan libremente y con toda impunidad con las pandillas.
Las redes sociales exponen el sentir de muchísimas personas sobre que esos recursos que se destinarán a abultar la milicia —cuantiosos como es el caso— debieron haberse utilizado para formar profesionales en distintas ramas que potencien nuestro país, como médicos, ingenieros, administradores, expertos en computación, entrenadores deportivos, maestros e investigadores universitarios, artesanos y conocedores de las muchas profesiones que se requieren en agricultura, en manejar con eficiencia servicios públicos...
La convocatoria a los jóvenes enfatiza que se les necesita para proteger a “la patria” de enemigos INTERNOS y externos, en ese orden, enemigos que, fuera de las bandas criminales, de los corruptos, de los contrabandistas y estafadores, nadie en sus cabales alcanza a ver. ¿Quiénes son esos enemigos internos que menciona la convocatoria?
“Enemigos”, según las señas, son el periodista de El Mundo y el camarógrafo de TCS a quienes la policía retuvo, les dañó una cámara de video y les arrebató un teléfono, porque exponían la realidad de violencia y homicidios en el país. “Enemigos” serían los periodistas de El Faro a los que expulsaron del país. “Enemigo” sería quien no piense igual o cuestione lo que hace el grupo en el poder.
Lo que queda en evidencia es que si el gobierno necesita estar negociando con pandilleros y requiere 20,000 soldados significa que es una farsa la tan anunciada disminución de homicidios y el llamado plan Control Territorial.
El dinero de ese “gran ejército” debe usarse para educar y promover a jóvenes
Hay una evidente falta de empleo en el país, pero empleo productivo, no empleo de personal que consume pero no produce. Empleo no hay ni de lejos lo que se necesita, además de que la abundancia de productos, de alternativas para el consumidor, ha ido reduciéndose.
La prioridad no debe ser nunca incrementar el número de militares en un país pobre, sino mejorar oportunidades para los jóvenes, educarlos con becas financiadas por el dinero que requiere un aumento absolutamente innecesario de efectivos militares...