La Corte Suprema estadounidense dictaminó que las personas y familias amparadas en el TPS no son elegibles para obtener la residencia permanente si entraron ilegalmente, indistintamente si tienen hijos estadounidenses, si llevan más de 20 años viviendo en ese país.
Como ya señalamos, llegada finalización del TPS esta decisión judicial puede llevar a la separación de familias, dejar a niños, jóvenes al cuidado de parientes o hacinados en campos de detención sin facilidades de ninguna clase...
Lo bueno en la aplicación de justicia es que cada caso se juzga de acuerdo con sus méritos, a diferencia de los “viejos tiempos” donde a los afroamericanos se les diferenciaba groseramente, pese a lo que habían logrado, a su carácter, a su diligencia o a sus fallas, como enseñó Martin Luther King.
La pregunta que no se hace es ¿por qué la gente al sur del Río Grande, los salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, los nicaragüenses, de un tiempo para acá siguen emigrando en masa?
Aunque el régimen de Bukele proclama que El Salvador “es el país más cool del mundo”, la cadena Telemundo informó que solo en abril fueron detenidos 11,000 salvadoreños —incluyendo 2,000 niños— al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, sorteando toda clase de peligros, pandillas, asaltantes, violadores.
Hasta hace 40 años nuestros países se desarrollaban pacíficamente, habiendo logrado que industrias de alta tecnología, como la Texas Instruments, establecieran plantas para fabricar componentes electrónicos en esta tierra.
Una consecuencia de ello es que se estableció un “mini-Silicon Valley” en San Bartolo, cercano a la capital, donde unas empresas maquilaban componentes, desarrollaban tecnologías... había empleo, como lo hubo en las empresas que confeccionaban prendas de vestir, algunas de las cuales se mantienen al día de hoy en varias zonas francas.
Pero las cosas tomaron otro cariz desde que algunos funcionarios y sindicatos estadounidenses, así como la izquierda militante, comenzaron a fomentar el establecimiento de sindicatos violentos y politizados, a lo cual se agregan la guerra de los 80 y la destrucción de la infraestructura del país y la imposición de una “reforma agraria y bancaria” durante el régimen duartista, que propinó un grave golpe a la economía nacional y sólo prolongó la agonía de esos años, empujando oleadas de gente a Estados Unidos.
La recuperación de la posguerra se vio frustrada por el continuo bloqueo de la extrema izquierda, la corrupción y la robadera en el régimen de Funes —el mismo al que se acusa del saqueo de 351 millones de dólares—, la sustracción de los fondos de pensiones a manos de los sucesivos gobiernos desde Saca, la imposición de 22 nuevos tributos por el régimen efemelenista y el nombramiento de individuos de cuarta categoría en puestos claves, con las lógicas consecuencias.
Ahora vamos de atropello en atropello, como el golpe contra la Corte y la Fiscalía y las amenazas contra el periodismo independiente por denunciar la corrupción, y de ocurrencia en ocurrencia, como la sorpresiva y forzada introducción del Bitcoin.
Esos tepesianos pueden contribuir al plan Biden de renovar la infraestructura nacional
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un dictamen basada en las leyes vigentes, pero esto no quiere decir que todo está perdido: los tepesianos aún pueden seguir luchando en el Congreso, en el Senado y en diferentes instancias para lograr reformas que reconozcan su integración y esfuerzo y les permitan quedarse.
La cortedad de visión, apegarse a la letra pequeña de la ley, impide a muchos funcionarios estadounidenses ver no solo la necesidad de incrementar la población de ese país frente a los mil quinientos millones de chinos, sino aprovechar a esos tepesianos para recuperar infraestructura en ciudades golpeadas y deprimidas como Detroit, lo cual sería un valioso apoyo para la administración Biden.