No puede un país pobre sostener inútiles e infladas burocracias sin que la gente —y sobre todo las familias de menores ingresos— sufra las consecuencias en altos precios, limitadas oportunidades de trabajo, pocas opciones para tratar sus dolencias, obtener una vivienda y educar a sus hijos.
La gran mayoría va de “coyol partido, coyol comido”, con muy pocas posibilidades de contar con algún ahorro para salvar emergencias.
Una de las causas principales del impasse en que se encuentra El Salvador es la enorme burocracia dejada en pie por los efemelenistas, inútil burocracia que busca por todos los medios sostenerse en sus puestos vía apelaciones, trancas burocráticas, demandas, lo que fuera.
Desde tal perspectiva, el reproche que la presidencia de la Asamblea hizo por el despido de la esposa del que menea a los efemelenistas es una especie de despropósito, pues en la misma forma como inconsultamente y de la noche a la mañana se montó ese monstruo burocrático, es válido tomar medidas de urgencia para desmantelarlo, respetando el debido proceso.
La lista de familiares del expresidente Sánchez Cerén despedidos en los últimos días comprueba un hecho que hasta el más despistado conoce: el nepotismo marcó la pauta, pues nepotismo no es únicamente nombrar nietos, hijos, hermanos, cuñados en puestos públicos, sino también repartir nombramientos entre secuaces, activistas, amigotes, correligionarios, lo que en muchos casos se hizo despidiendo a personas que honestamente desempeñaban sus puestos desde hacía años.
Todos esos cargos y plazas se sostienen con los impuestos que se recaudan, dineros de la gente. Y por lo mismo, la gente merece que los cargos se asignen a los más idóneos para desempeñarlos, no a los que son parte del grupo cercano a cualquier personaje político.
No se puede enfatizar lo suficiente el daño que hacen a la buena marcha de los asuntos públicos burócratas que están donde están a causa de un “dedazo”.
Sabotean, retardan, molestan: tienen que irse lo antes posible
Por ahora la burocracia roja atrincherada hace lo posible para entorpecer el desempeño de las funciones básicas de las entidades donde se encuentra y desesperar al personal que no es del expartido oficial, un lastre grave para los servicios esenciales que requiere la población. Se alargan y complican los trámites, se pierden temporalmente expedientes, se exigen “firmas y más firmas y más firmas” para autorizar peticiones…
Se dio el caso de un nombrado por Funes y sostenido por Sánchez Cerén, que ha apelado su remoción, pero el solo hecho de haber sido parte de esa argolla comprueba que estaba donde estaba no por capacidad, sino por su militancia en un movimiento fanatizado.
La medida de lo que tiene que ser el tamaño del “sector público” es muy simple de establecer: es lo que el país tuvo desde la echada de los duartistas del poder hasta la llegada de Saca, que comenzó con la inflazón —valga el término— de la burocracia para acomodar a sus cuadros.
Hay, sin embargo, otro hecho muy relevante: que los funcionarios nombrados en esos años, como durante las presidencias militares, eran personas y profesionales en su gran mayoría capaces, honestos y reconocidos como tales, muchos que luego figuraron como magistrados o expertos en sus campos, lo cual no fue el caso en los años del efemelenismo y cuya herencia pretenden perpetuar por los siglos de los siglos, una especie de ballet de los violentos y fanáticos.