Hace dos años, contingentes del Ejército y la Policía bajo las órdenes de Bukele se tomaron el Palacio Legislativo para forzar la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares con el que, se alegó, comprarían un buque, un avión y otros equipos para combatir el crimen y de los que ya no se habla. Era tanta la desesperación y el interés por el dinero que más bien parecía que ya había un compromiso o razones poderosas para efectuar las compras, al punto de hacer algo tan inédito y repulsivo como invadir la Asamblea.
Desde un día antes las tropas cerraron el perímetro del Centro de Gobierno, apostaron francotiradores en los edificios cercanos e intentaron obligar a los diputados a presentarse.
En un acto de fuerza que ni los militares cometieron en su tiempo, el 9F una soldadesca armada hasta los dientes como si fuera a la guerra invadió el recinto y ordenó a los diputados presentes a permanecer en sus puestos.
Una vez tomado, el Salón Azul llegó Bukele a la Asamblea en la larga caravana de autos que utiliza para desplazarse, entró y se sentó en el sillón del presidente de la legislatura, Mario Ponce, quien no se encontraba. Un día después Ponce desechó el mueble.
Con decenas de efectivos de verde olivo, provistos de fusiles M-16 y el dedo índice en el gatillo, así como contingentes de policías y francotiradores armados hasta los dientes en el perímetro, irónicamente Bukele se puso a rezar, supuestamente invocando al Dios de paz...
Al no haber quórum, el grave atropello a la institucionalidad no logró el propósito de la toma armada y la desecración del recinto, pero sí marco lo que sería la política del régimen: imponer su voluntad, sus intereses atropellando la Constitución, la racionalidad, los principios que sustentan toda democracia, aun las imperfectas como la nuestra.
En un claro golpe artero contra la transparencia y aprovechando la pandemia, en seguida comenzaron a sacar dinero de millonarios préstamos a raudales y ocultar las compras estatales, que posteriormente se denunciaban que se hacían con sobreprecios o a misteriosos mercaderes en México.
La toma de la legislatura es el inicio de una serie de actos arbitrarios que han dañado grandemente el normal desarrollo de nuestro país, además de endeudarlo por miles de millones de dólares, dinero del que el régimen no da cuenta, que literalmente se “desvanece”.
Casi 200,000 salvadoreños arrestados tratando de llegar a EE.UU.
El atropello del “9F” se consolidó por la Asamblea que tomó posesión el 1 de mayo de 2021 y que de inmediato procedió a pisotear el Orden de Derecho y la Constitución de la República al perpetrar lo siguiente:
—destituir a los legítimos magistrados de la Sala de lo Constitucional y nombrar, contra Derecho, a otros que, sabiendo que era inconstitucional ese acto, debieron rechazarlo;
—destituir al Fiscal General e imponer un fiscal que obedece sin chistar lo que ordena la presidencia;
—montar interrogatorios sin base jurídica, los que tienen principalmente el propósito de ser cortinas de humo, desviar la atención del desastre que esta afectando la vida y los patrimonios de la gente.
A lo anterior se suman las detenciones arbitrarias de personas a las que se mantiene incomunicadas, el acoso a periodistas y medios independientes, las destituciones arbitrarias de jueces, el sometimiento de las instituciones que deben combatir la corrupción.
Este no es el paraíso que se prometió. Sólo el año anterior 98,690 salvadoreños fueron detenidos en la frontera sur tratando de entrar a los Estados Unidos. En 2020 fueron 17,165 los arrestados, y un año antes 92,351.
El mayor horror son los pactos con las bandas criminales...