Como ha sucedido con la imposición e improvisación del Bitcoin, tanta es su hambre de poder y su sofoco que el régimen no esperó a meter la reelección presidencial inmediata en la “constitución a la medida del cliente” que está montando, sino que lo hizo vía un fallo judicial que ha sido rechazado tanto internamente como por Estados Unidos y hasta la ONU ha manifestado su preocupación.
Más bien los autores del engendro habían vendido la idea de que sólo alargarían el periodo presidencial a seis años y que el gobernante no podría quedarse “ni un día más”.
El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, declaró, por medio de su portavoz, que “esta decisión (la vía libre para la reelección presidencial) se produce inmediatamente después de la sustitución de los magistrados de la Sala Constitucional el 1 de mayo, que ya suscitó preocupación por el impacto en la independencia del poder judicial y el ejercicio de controles y contrapesos efectivos”.
Lo anterior quiere decir que la comunidad internacional no ha olvidado la remoción arbitraria de los magistrados y ve con alarma que se siguen produciendo abusos de poder de este tipo, como el obligado retiro de 249 jueces por un decreto de la Asamblea de incondicionales.
Según ha trascendido, el 15 de septiembre los autores pretenden presentar a los diputados su Frankenstein, montado de partes extraídas de ideas muertas, putrefactas y está por verse qué le agregan hasta dejarlo al capricho.
Se ha denunciado además que “la nueva constitución a la medida” desconoce pactos que celebró El Salvador como signatario, entre ellos la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, además de los fundamentos de una sociedad libre y democrática que se rige bajo un Orden de Derecho.
Tales principios son lo medular de nuestro ordenamiento constitucional, que establece la separación de poderes, la existencia de partidos políticos, los candados a la reelección, la rendición de cuentas sobre el manejo de presupuestos públicos y los frenos y contrapesos institucionales.
La ciudadanía se que desprotegida ante abusos y desatinadas ocurrencias
Lo que se ha revelado ya sobre la propuesta indica un pisoteo a las leyes, poner al país a disposición del despotismo, formar grupos armados cuyo evidente objetivo será intimidar o reprimir a la oposición y, como la peor nube negra del horizonte, la existencia de un partido único, como fue “Pro-Patria” durante la dictadura del sanguinario General Martínez.
No hay candados contra el abuso en cualquiera de sus formas, el saqueo de la nación, la perpetuación de una dictadura.
Muy grave es que el poblador —pues los salvadoreños dejarían de ser ciudadanos para pasar a la condición de “súbditos”— quede a merced de instancias administrativas y de jueces cooptados y que se le nieguen las garantías y el debido proceso, como ya está sucediendo en muchos casos y con el encarcelamiento de un pequeño grupo de ex dirigentes efemelenistas, entre ellos la científica Erlinda Handal y la ex ministra de Salud, Violeta Menjívar, a quien no le permiten que su familia la visite y le lleve medicamentos.
La consecuencia de tales actos de fuerza se comienza a sentir: muchas inversiones, lo que genera empleo, se han detenido al mismo tiempo que algunos productores han “comenzado a empacar”, a buscar países más seguros, más respetuosos del cumplimiento de la ley.