“La amistad con Estados Unidos depende del respeto a la democracia”, declaró el viernes el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, una postura que valoramos y agradecemos los salvadoreños, particularmente periódicos y quienes se desempeñan en diversos medios de información.
Por desafortuna, las amenazas a informadores, la desobediencia a fallos de la Sala de lo Constitucional, la permanente burla de ministros y funcionarios en sus comparecencias o ausencias en la Asamblea Legislativa, el continuo ataque a escritores y personas que oponen, critican o discuten sus políticas y en particular mujeres, es lo usual, obedece a una clara estrategia de descalificar y amenazar a quienes no apoyan incondicionalmente al régimen.
En el acto en que Bukele se juramentó como presidente y después de ignorar a los mandatarios centroamericanos e hispanoamericanos asistentes, militares de la seguridad presidencial retuvieron a un fotógrafo de EL DIARIO DE HOY, lo amenazaron con enviarlo tres días a bartolina y lo obligaron a borrar imágenes de su cámara. La captura no se consumó porque la entonces Procuradora de Derechos Humanos, Raquel de Guevara, intervino e impidió que se lo llevaran, lo cual consta en los expedientes de la institución.
Las agresiones a la libertad de información no cesan desde ese preciso momento, lo que incluye publicar un periódico y noticieros para contradecir y hacer mofa de los diarios independientes del país. Todo esto, además de financiar campañas políticas como la del ministro de Gobernación, se realiza con recursos públicos, dinero de los contribuyentes.
El desgobernante Bukele sobrepasa constantemente las atribuciones propias de su cargo, definidas por la Constitución, al negarse a acatar de inmediato fallos judiciales, además de amenazar a los miembros de la Sala de lo Constitucional con fusilarlos “si con ello salva la vida de miles”.
Bukele es el que decide si sus funcionarios entregan o no información que por ley deben rendir, como reveló una ministra. Eso explica los desplantes y las burlas de ellos al ser llamados a comparecer ante las comisiones de la Asamblea Legislativa, como ha sucedido con el ministro de Hacienda.
Las violaciones al orden institucional son la regla del actual régimen
El acto más grave es haber roto el mandamiento constitucional que ordena la apoliticidad del Ejército y la Policía, al poner a su servicio tanto al Ministro de Defensa como al Director de la Policía; cualesquiera que sean los métodos empleados, tal hecho deja a todos los pobladores a merced de lo que el desgobernante ordene hacer, que es precisamente el rasgo esencial de toda dictadura: el empleo de la fuerza para sofocar toda disidencia, lo que faculta a las dictaduras de Rusia, China, Irán, Turquía y otros despotismos árabes, tener sometidas sus naciones.
Lo que diferencia a las democracias de las dictaduras es la respondabilidad de sus mandatarios ante sus pueblos, rendir cuentas, no robar, combatir la corrupción entre sus funcionarios, acatar los pesos y contrapesos institucionales. Pero eso no está sucediendo en este suelo sino lo contrario, como lo ordenado por el Ministro de Trabajo que cerró dependencias de la Corte de Cuentas de la República que fiscalizan los gastos del Ejecutivo.
Desde el momento mismo de asumir la presidencia, el desgobernante evade rendir cuentas de los gastos que realiza, negando información vital para un país, como es el uso que se ha dado a la sustracción de veinticinco millones de dólares —que se dice son treinta y cinco millones en realidad— de los fondos de reserva del Seguro Social, fondos de los cotizantes, no dineros públicos.