El régimen ha degradado o removido como castigo a más de una docena de jueces y magistrados —comenzando por la legítima Sala de lo Constitucional— que, por ajustarse a lo que la ley ordena y a la independencia de una correcta administración de justicia, han emitido resoluciones o sentencias desfavorables al grupo en el poder o sus funcionarios.
En el último de los casos, una jueza fue degradada de un tribunal de Sentencia a uno de paz porque rechazó la demanda de una diputada oficialista contra la investigadora social Jeannette Aguilar tras determinar que no tenía fundamento y más bien era una pataleta.
Este, como la otra decena de casos, tiene varias graves consecuencias para la colectividad, a saber:
—la primera, que impone sobre los jueces la disyuntiva de emitir fallos acordes a lo que la ley ordena o prevaricar, venderse, a los intereses de la dictadura, como fue el caso de un fiscal prevaricador que se dice que inclusive daba valor legal a pruebas prefabricadas contra un acusado.
—Tal presión impone sobre los jueces la intimidación y la autocensura, como la que el régimen pretende hacer con los periodistas al “acreditarlos” para tener acceso a las sesiones de la Asamblea Legislativa, un poder que debe actuar con total transparencia. En toda democracia las reuniones parlamentarias están abiertas al escrutinio público, como lo pregona la doble cúpula transparente sobre el Bundestag alemán, que ha puesto en vigor todas las medidas para impedir que se repita la tragedia nacional-socialista de la década de los Treinta y Cuarenta que condujo al Holocausto.
—El atropello a los jueces equivale a pisotear el Orden de Derecho, burlarse de lo que es una faceta esencial no solo de las estructuras que permiten la convivencia pacífica en una sociedad, sino del orden racional, de lo que sustenta el sentido común.
Como dijo el gran estadista inglés Lord Acton, “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”, lo que se está viendo en la Rusia del siniestro Putin, en Nicaragua con Ortega (felicitado por algunos efemelenistas por su “ejemplar reelección”), en la Cuba castrista, donde el aparato represivo está aterrado de lo que puede sucederle cuando se restituya la democracia y por eso ha llegado a condenar a largas penas carcelarias a menores de edad y adultos pacíficos.
La prevaricación es ahora la norma en El Salvador
Literalmente el régimen y la Asamblea oficialista se han dado a la tarea de pisotear la racionalidad, lo que distingue al hombre de los animales, aun cuando hay especies, como los delfines, que piensan, se organizan y están admirablemente adaptados al medio en que se desenvuelven.
Los delfines —y esto era un hecho conocido desde la antigüedad— asistían a hombres, náufragos, además de ser las estrellas en espectáculos acuáticos que se celebran en muchos lugares del mundo a partir del Seaworld de Miami, el pionero.
No está claro si el oficialismo está para fundar una especie de “Centro Nacional de Prevaricación” para que, al igual que en la Nicaragua de Ortega y seguramente en la Rusia del envenenador Putin, se consulte a los esbirros si un fallo les satisface o debe “ajustarse”, como antes con los tatas curas del Medioevo, que daban el “placet” a lo que podía publicarse.
Aquí la cosa es peor, pues los jueces quedan a merced de lo que el régimen, sus allegados y los incondicionales que han tomado la legislatura piensen que les sirve, que no les perjudica en nada...