Las llamadas “reformas” a la Constitución prácticamente son la maquinación de una nueva constitución a la medida del grupo en el poder para consolidar el populismo, la reelección presidencial inmediata y el militarismo, como expresan diversos constitucionalistas y analistas salvadoreños.
Se trata del cambio de 196 de los 274 artículos de la Constitución que los diputados y funcionarios del oficialismo juraron defender, y la primera víctima de este proceder será la libertad de expresión y de prensa, lo cual es un golpe artero a las demás libertades y derechos de los ciudadanos a manifestarse y hasta a disentir y protestar. A estos cambios se agregan aberraciones como permitir la existencia de un partido oficial único y de grupos armados ilegales que podemos suponer también cuáles serán. Yasí sucesivamente se socavan las normas pétreas o salvaguardas establecidas por la actual Carta Magna.
Además se pretende imponer la nueva constitución sin seguir las reglas establecidas por la presente, sino introduciendo procedimientos no contemplados como el referéndum. Estos movimientos también tienen el propósito de desviar la atención sobre hechos clave:
—La imposición del impopular bitcoin, que hartamente se ha advertido que será propicia para encubrir el lavado y otros delitos financieros;
—el intento de robar los ahorros de los trabajadores salvadoreños para cubrir los huecos del desordenado y corrupto manejo de presupuestos públicos;
—la sombra de la lista Engel sobre varios funcionarios del gobierno, la presión de la diputada por California, Norma Torres, el desplome en el valor de los bonos salvadoreños...
El grave endeudamiento causado por la “privatización” de los recursos públicos en manos del grupo en el poder está hundiendo al país en una crisis de mayúsculas proporciones.
No hay semana que la Asamblea oficialista no apruebe un préstamo o un desaguisado hasta los circos inquisidores. En cuatro meses, la legislatura ha aprobado mayoritariamente propuestas del oficialismo, convirtiéndose en una especie de sello para convertir en “ley” sus ocurrencias y desplantes.
Circos y tribunales populares para adormecer a las masas
En infaustas jornadas, el cuerpo de incondicionales a la presidencia llevó a cabo las agresiones siguientes contra la Constitución, lo racional, lo decente:
—destituyó al Fiscal sin seguir los trámites que la ley señala, nombrando a dedo un fiscal afín al grupo en el poder;
—destituyó sin demostrar causa justificada a los magistrados de la Corte Suprema, en su mayoría connotados constitucionalistas.
—para desviar la atención cada semana se montan shows legislativos para escarnecer a exfuncionarios u otros ciudadanos, varios de ellos de intachable trayectoria.
Lo actuado por la Asamblea oficialista se traduce en un desmantelamiento de la democracia, apuntalando un régimen de facto, de fuerza, con las graves consecuencias siguientes:
El Orden de Derecho queda anulado, dejando a los ciudadanos, que solo bajo un estado de respeto a la ley natural, a los derechos y dignidad de todo hombre son ciudadanos, para transformarlos en súbditos, en piezas que las dictaduras manejan a su antojo.
Aquí, como en Cuba, la gente queda en indefensión, sujeta a los circos, los “tribunales populares” que montan todas las dictaduras, donde en un mismo juicio las reglas pueden alterarse, inclusive convertir al abogado defensor en acusador, la clase de “lindezas” que en estos momentos tiene lugar en Cuba o en la misma Asamblea salvadoreña.
Ahora tienen en la mira los ahorros de los trabajadores salvadoreños; más tarde la gente puede esperar lo peor, desde que la despojen de sus bienes hasta que la tiren en mazmorras, como sucedió con los apresados después de los interrogatorios inquisidores de hace pocas semanas...