Hace unos días, el periódico digital El Faro publicó un reportaje que pone al descubierto otra presunta negociación entre el gobierno y las pandillas. Esta no es la primera vez que a los salvadoreños nos golpea una noticia como esta. Políticos y funcionarios de todos los partidos han hecho tratos clandestinos con las pandillas. Las evidencias que lo comprueban han salido a la luz gracias al periodismo crítico. Sin embargo, el pacto actual presenta características que lo hacen más peligroso que los anteriores.
El reportaje de El Faro está sustentado en pruebas poderosas, difíciles de falsificar y, por lo tanto, de controvertir o desacreditar. Todo está consignado en documentos oficiales de diferente naturaleza. La investigación periodística presenta informes elaborados por personas que ostentan posiciones de mando dentro del sistema penitenciario. Los documentos detallan reuniones clandestinas entre pandilleros de peso recluidos en distintos presidios con funcionarios que ingresaron acompañados de pandilleros que no estaban detenidos. Específicamente, se mencionan al viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna; el subdirector de Centros Penales, Carlos Aparicio, y el director de la oficina de Tejido Social, Carlos Marroquín.
Los informes firmados por personal de inteligencia penitenciaria advierten sobre varias concesiones e irregularidades asociadas a esas visitas. Además, sostienen que, a cambio, los pandilleros apoyarán al partido de Nayib Bukele en las próximas elecciones. Las visitas de funcionarios también constan en las páginas de los libros de novedades en los que los custodios de turno documentaron su ingreso.
Este tipo de documentos se identifican con números correlativos, fechas y, adicionalmente, se calza con el nombre y apellido de su autor, precisamente para que sea rastreable y difícil de falsificar. Es natural que después de que la judicialización de “la tregua” dejara la lección de que los chuchos más secos son los que, por lo menos al inicio, salen más perjudicados, las personas dentro del sistema penitenciario dejaran constancia de que informaron a sus superiores de los hechos. Es muy probable, por lo tanto, que exista mucha más evidencia documental. Esto coincide con la información que se maneja en círculos de inteligencia y seguridad, que las revelaciones de El Faro son tan solo la punta del iceberg. Los reglones más oscuros de esta historia aún no se han escrito en las páginas de ningún periódico.
Ante esta complicada situación, resulta sumamente extraña la reacción del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson. Los diplomáticos, por lo general, son sumamente cautos al dar declaraciones. Sin embargo, la semana pasada, Johnson rompió ese esquema. Durante una conferencia de prensa ofrecida con el presidente Salvadoreño, el embajador atribuyó la reducción en homicidios exclusivamente al Plan Control Territorial y hasta sugirió que su Gobierno ha jugado un rol importante en este descenso. Esta postura fue extraña ya que existían indicios y analistas serios ya habían planteado la posibilidad de que la reducción fuera producto de un pacto con las pandillas. La postura diplomática tradicional no hubiese comprometido a Estados Unidos con las actuaciones de funcionarios locales.
Sin embargo, lo más raro fue la reacción de Johnson a la publicación del reportaje de El Faro. Sin reservas, animó a los salvadoreños a que dejaran de cuestionar por qué habían reducido los homicidios y mejor nos concentráramos en mantenerlos bajos. Este tipo de apoyo al Gobierno y sus funcionarios es peligroso. Abre la puerta para abusos gravísimos de funcionarios y políticos que se sientan protegidos por un socio de peso.
La embajada de Estados Unidos es un actor influyente y poderoso en el país. La postura del embajador Johnson, por lo tanto, causa preocupación y, más aún, en qué se traducirá. Ninguno de los pactos anteriores había gozado de este beneficio.
Criminólogo.