En El Salvador y en los demás países los servicios de salud, educación y seguridad de la población en general deben ser prioridad mayor para sus gobernantes. Para aquellos países que cuentan con cuerpos de seguridad pública y fuerzas armadas de defensa nacional (que son la inmensa mayoría), cuyos trabajos implican altos riesgos, iguales o mayor a otros oficios, los estados deben proporcionar servicios de salud de la mejor calidad, desde lo más básico hasta las atenciones de emergencia muy frecuentes en estas tareas, en especial bajo las circunstancias actuales de nuestro país.
Dicho lo anterior, se conoció recientemente, dentro del marco de las discusiones del presupuesto 2020, una iniciativa del gobierno, en palabras del Ministro de Hacienda, de integrar los servicios de salud de militares con policías y sus respectivas familias. Interesante propuesta si se considera el cumplimiento de “supuestos” como que las instalaciones de los Hospitales Militares ubicados en San Salvador y San Miguel cuentan con el espacio suficiente, camas, equipamiento tecnológico actualizado, personal médico y de enfermería para atender debidamente a pacientes externos, ingresados y emergencias propias del oficio.
Como parte de la población que actualmente hace uso frecuente de los servicios médicos del Hospital Militar en San Salvador y, con el respeto que el Señor Ministro de Hacienda merece, puedo opinar que no todos los “supuestos” cumplen con las expectativas deseadas, especialmente en lo relativo a espacios, equipamiento, cantidad de camas disponibles, incluso estacionamientos. Mi objetiva apreciación es que, además, los tiempos de espera para citas médicas especializadas, exámenes de laboratorio, exámenes de Imágenes, entrega de medicamentos, programación de cirugías, equipo de lavandería, alimentación y otra logística importante para la adecuada y eficiente administración de servicios hospitalarios, ya se encuentran en el límite, sino es que dicho límite ya ha sido rebasado.
Aun así, Señor Ministro, la idea de consolidar bajo una misma administración militar los servicios de salud para la población de ambas instituciones podría ser factible si el gobierno estuviese dispuesto a evaluar cuidadosamente todas las variables y adquirir inmuebles adicionales en San Salvador, Santa Ana, San Vicente y San Miguel o Usulután, equipándolos adecuadamente para hospedar a la totalidad de nuevos derechohabientes y beneficiarios. Lógicamente un supuesto incremento en la población de usuarios resultaría también necesario en un incremento en espacios, camas, número de personal médico, de enfermería, etc.
Habiendo servido a mi país por muchos años, inicialmente como oficial de Infantería y después como piloto aviador de la Fuerza Aérea, conozco muy bien la idiosincrasia y disciplina del militar salvadoreño; en este caso, una de nuestras virtudes podría convertirse en una debilidad para los servicios de salud, la cual es “cuando se nos da una orden legal estamos obligados a cumplirla, aun a costa de nuestras vidas”. Y decimos que “nuestras fortalezas no consisten en lo que tenemos sino en lo que somos capaces de hacer aun con lo poco que tenemos”. Pero en el área de salud esta virtud puede no ser oportuna.
Recomiendo entonces que a esta iniciativa de integración de servicios de salud para dos instituciones que fueron separadas en los acuerdos de paz, para cumplir roles distintos y que tienen disciplinas parecidas, pero no iguales, se le dé mayor análisis, para que una buena intención no resulte perjudicial.
Militar y economista.