El abordaje de la pandemia puede generar graves consecuencias negativas en El Salvador. Los impactos sobre la salud y la democracia han sido ampliamente discutidos. El delito y la inseguridad, sin embargo, no han figurado en este debate, por lo menos no con igual intensidad.
Hace unas semanas, dediqué una columna para hablar sobre cómo las restricciones orientadas a limitar la movilidad de las personas modificarían los patrones criminales cotidianos. Expliqué que cambiar los movimientos rutinarios de la ciudadanía afectaría las oportunidades para delinquir. La premisa que planteé fue que las oportunidades que estaban disponibles antes de implementar las restricciones desaparecerían, pero la nueva dinámica propiciaría el surgimiento de otras.
Este tipo de cambios se produce de forma inmediata, ya que no implican una variación en el universo de personas motivadas a perpetrar delitos. Es posible, sin embargo, que esto último también se dé, pero tomará más tiempo. Por lo tanto, resulta importante evaluar escenarios que pronostiquen los posibles impactos de las medidas de contención sobre la dinámica delictual y la inseguridad, con la finalidad de realizar modificaciones que neutralicen las consecuencias negativas.
Hay un consenso generalizado entre los analistas internacionales sobre el devastador impacto que tendrá la actual crisis sobre la economía. Es lógico asumir que, a medida las condiciones se pongan más difíciles, muchos contemplarán recurrir a la comisión de delitos para sobrevivir. Esta apreciación, que parece estar basada únicamente en el sentido común, también tiene sustento teórico y empírico que permite refinar la magnitud y forma del posible impacto. Diversas investigaciones, por ejemplo, han encontrado una relación entre los ciclos económicos y los cambios en la incidencia de ciertos delitos que debiesen ser considerados en la elaboración de posibles escenarios.
Es muy probable que en El Salvador, además, se produzca un efecto muy particular asociado con las pandillas. La estrategia oficial para la contención de la pandemia se ha centrado, en gran medida, en el uso de policías y soldados para aplicar la cuarentena. El gobierno decidió amenazar a quienes la violen con capturarlos y enviarlos a un centro de contención, en donde, según el mismo ministro de Justicia, las probabilidades de contagiarse del virus son mucho más altas. Además, el presidente de la República autorizó en cadena nacional a los policías y militares para que “doblen la muñeca” a quienes no hagan caso. Siguiendo estas instrucciones, cientos de personas han sido capturadas y recluidas en centros de contención.
Darles tanto poder y discrecionalidad a los policías y militares puede parecer buena idea por la gravedad de la pandemia, pero, en un contexto como el salvadoreño, generará más consecuencias negativas que positivas. Los relatos de indignantes abusos cometidos gracias a estos poderes ya empezaron a salir. Los contactos negativos entre la policía y ciudadanía terminarán de dinamitar la poca confianza que se tiene en el Estado. Mientras los policías y soldados amenazan y maltratan a la gente, las pandillas han lanzado campañas de apoyo para los más afectados por los embates económicos en sus comunidades.
Después de que pase esta emergencia es muy probable que el poder y la influencia de las pandillas en el territorio sea aún mayor. El papel que han jugado en los barrios más populosos para asegurar que los residentes respeten la cuarentena, evidenció que el Plan Control Territorial no ha logrado arrebatarles su autoridad. Los abusos de poder cometidos en nombre de contener los contagios generarán aún desconfianza y apatía para con la Policía y el Ejército. También propiciará la legitimación de las pandillas y empujará a que la ciudadanía se someta a su autoridad y no a la del gobierno. El abordaje actual de la pandemia está saboteando no solo el trabajo realizado hoy sino también el que vendrá después.
Criminólogo.