Con la reclusión por la pandemia —lo viejo, porque virus han existido y existirán siempre— y que de sopetón nos llegó la época digital —lo nuevo, por el salto tecnológico que representan internet y las redes sociales—, he podido reflexionar sobre las consecuencias políticas de las recientes leyes represivas de Ortega. He llegado a la conclusión de que son como intentar retener agua en las manos: sencillamente, inútiles. Me estoy refiriendo a las leyes de ciberdelitos y de agentes extranjeros.
En mis reflexiones he sido ayudado por dos foros internacionales convocados por diferentes instituciones multilaterales, para analizar las consecuencias de la pandemia sobre la democracia en América Latina. Esos foros son organizados por internet y les atiendo desde el encierro en mi casa.
Hace treinta años, cuando recién se empezaba a popularizar internet, asistí a un entrenamiento sobre uso institucional, no técnico desde luego, pues sigo balbuceando con la computadora, de las ahora conocidas como Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). El instructor insistía que internet constituía una verdadera revolución, y preguntado sobre por qué lo consideraba de esa naturaleza ya que la tecnología cambiaba constantemente, señaló diversas razones. Pero a propósito de este artículo, me limito a dos de esas razones: primero, porque permiten interactuar en red, muchas personas a la vez, miles y millones, y en diferentes países; segundo, por la progresiva reducción del costo de comunicarse a través de internet.
Lo vimos en las protestas de la “Primavera Árabe” hace diez años, y recientemente en las protestas que hubo en diversos países sudamericanos el año pasado. Y los vimos nosotros en 2018, pero también lo estamos viendo en teleclases, teleservicios y teletrabajo, entre otras manifestaciones de esa nueva ciudadanía digital.
Los policías orteguistas que comparecieron a la Comisión Legislativa que dictaminó la ley de ciberdelitos expresaron que disponían de las técnicas para implementar esa ley. Independientemente de esas técnicas, si un video de protesta contra Ortega que circula entre miles y miles de personas dentro y fuera del país, sin poder saberse el emisor original, ¿a quién inculparán esos policías? Y así podríamos poner otros ejemplos de la inutilidad de esas leyes, lo cual no significa que las apliquen a los principales activistas opositores, pero esa es una predeterminación política que corresponde a la naturaleza dictatorial del régimen de Ortega. ¡Pero a centenares de miles ciudadanos es inútil, porque faltarían cárceles para tantos presos políticos! En otra ley, la de agentes extranjeros, ¿cómo determinará la Unidad de Análisis Financiero (UAF), o el Banco Central de Nicaragua, que una remesa recibida por una determinada persona, no la convierte en agente extranjero? Esa ley coloca al Banco Central y a la UAF en una condición de carácter represivo, que va más allá de sus objetivos institucionales y que terminará en consecuencias económicas negativas.
Mientras la crisis política no se resuelva, los resultados de esas leyes represivas son que más temprano que tarde se perderán los equilibrios macroeconómicos, incluyendo las metas de inflación y consecuentemente el tipo de cambio. En otros comentarios hemos señalado que la demanda inicial de adelanto de las elecciones se ha trasladado a noviembre de 2021, con la expectativa que las mismas sean una solución. Sin esta expectativa, la fuga de capitales sería mayor. La dinámica de más represión conduce a más contracción económica. Las leyes que comentamos, agregan leña al fuego y son, como dijimos al inicio, inútiles.
Economista y analista, excandidato a la presidencia de Nicaragua por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS).