“Las diferencias no existen entre los grupos empresariales. Los desacuerdos y la falta de consensos los están protagonizando los Órganos Ejecutivo y Legislativo”. Fue una declaración atinada del presidente de la ANEP. La reunión entre prominentes empresarios y el mandatario arrojó similares resultados a los obtenidos en el encuentro de la gremial cúpula con la Asamblea Legislativa.
Tanto los políticos como el sector privado aceptaron la reapertura gradual de la economía. Todos manifiestan que cualquier iniciativa en ese sentido debe cuidar, primordialmente, la salud de los ciudadanos, en especial al interior de los centros de trabajo. El presidente Bukele ofreció iniciar el proceso de “desescalada” el 6 de junio, después de una estricta cuarentena de 15 días adicionales. Los diputados aprobaron una ley que contribuye a esa finalidad. Las propuestas de la ESEN y el INCAE han servido de base para la discusión. Parece que las intenciones coinciden, pero difieren en la forma de implementar los objetivos que persiguen.
El Ejecutivo insiste en incumplir las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Mantiene su empeño por desconocer a las instituciones y amenaza con romper el orden democrático. La aprobación de decretos ejecutivos, en clara usurpación de las facultades legislativas, es una afrenta al Estado de Derecho y una clara acción autoritaria. Las detenciones arbitrarias de los que infringen el confinamiento obligatorio, las restricciones de movilidad entre municipios y la paralización de la actividad económica, son solo algunos de los aspectos que requieren de una ley para su pronta materialización. La demanda presentada por la Fiscalía General de la República por esa omisión, y su admisión por parte de Sala de lo Constitucional, confirman la amenaza que enfrenta el sistema político.
Según consta en un comunicado, el trance por el que pasa la democracia estuvo sobre la mesa durante el cónclave sostenido entre el gobernante y los empresarios. Ignoramos los términos en los que se desarrolló la tertulia. Seguramente la preocupación de todos los sectores por la inestabilidad política fue un tema central en la conversación. Al mismo tiempo suponemos que formularon preguntas incómodas al Jefe de Estado. ¿Está consciente de que militarizar la Asamblea Legislativa, como lo hizo el 9 de febrero para presionar a los diputados, es un hecho que no puede repetirse nunca más? ¿No cree que hacer uso de la Fuerza Armada para fines distintos a los establecidos en la Ley Fundamental es un acto contrario al orden jurídico, como lo advirtió la Sala de lo Constitucional? ¿No le preocupa que los señalamientos internacionales por contravenir el principio de separación de poderes eleven el riesgo país y se complique la obtención de fondos? ¿Qué hará para recuperar la percepción favorable en el exterior? Según sus abogados no existe un patrón de irrespeto al Estado de Derecho ¿Por qué opinan lo contrario la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, el Director Ejecutivo de Human Rights Watch y centros de pensamiento tan relevantes como el Woodrow Wilson International Center for Scholars? ¿Por qué están empecinados en desobedecer las sentencias de la Sala de lo Constitucional? ¿No ha considerado que la armonía, en lugar del pleito, es una mejor estrategia para afrontar la pandemia?
El mandatario persevera en su afán por dividir a los empresarios. Desconoce al titular de la ANEP, luego llama a los miembros de esta asociación a que discutan los protocolos de salud con el Ministerio de Trabajo, pide respaldo a los grandes empresarios e ignora los ofrecimientos a dialogar que le hacen desde la máxima instancia del sector privado organizado. Al final la unidad prevalecerá, eso no será ningún problema. La conferencia de prensa del pasado martes, en la que los presidentes de las principales gremiales acuerparon al titular de la ANEP, muestra la firme convicción de encarar juntos la emergencia y la reconstrucción de la economía nacional.
El sector privado ha enfrentado enormes desafíos a lo largo de la historia. Las gremiales salvadoreñas sobresalen en la región por la enérgica defensa de la institucionalidad democrática. Los destacados empresarios que aceptaron el llamado del mandatario saben que no conviene transar democracia por el bienestar de sus negocios. Conocen muy bien el caso nicaragüense y no estarían dispuestos a pactar en los mismos términos que lo hicieron sus pares con Daniel Ortega.
Lo que procede ahora es un llamado de los empresarios, agremiados o no, para que la lucha contra el coronavirus no siga contraviniendo las bases fundamentales de la democracia. Además deben exigir que se honre la promesa del Gobierno de iniciar una reapertura por fases del sector productivo con estrictos controles sanitarios para prevenir contagios.
Doctor en Derecho y politólogo