Vuelvo al tema porque me comprometí a ello la semana pasada. Pero pasan tantas cosas en nuestro pequeño país, que el punto puede haber perdido vigencia para muchos. La discusión sobre si el MINED hace bien o no en establecer una evaluación de ingreso para quienes deseen formar parte del magisterio nacional, es una discusión inútil: es un derecho de cualquier organización escoger a sus miembros. Y es un deber de la organización escoger a los mejores candidatos para entrar a formar parte de ella.
No gusto de las comparaciones, pero vaya usted y pregunte a cualquier abogado gringo si está o no de acuerdo con el examen de la Barra (BAR Exam) a la que tiene que someterse habiendo terminado su doctorado en leyes. Al inicio, ni siquiera le entenderá la pregunta, pero cuando por fin lo haga, (y luego de sonreírle sardónicamente) le contestará: si usted quiere trabajar como abogado en ese estado, no tiene otra opción que pasar esa prueba. No gasta un instante en considerar otra alternativa.
El meollo del ítem del que ahora se habla es harina de otro costal y apunta a otro ámbito de preocupación. No es una prueba de conocimientos académicos, prueba que la hace quien ofrece o administra la oferta de conocimientos, usualmente para cada período que se examina. En cambio, las pruebas psicológicas —las de personalidad lo son— se rigen por normas técnicas y deontológicas diferentes. Conceptualmente, el proceso de elaboración es básicamente el mismo: definir lo que quiero evaluar, identificar y operacionalizar las características de lo que se evaluará, elaborar los ítems, realizar pruebas piloto de la validez y eficiencia de éstos, conformar de la prueba definitiva y elaborar baremos según las características de los grupos considerados (usualmente distinguen en función al sexo, nivel de estudios y edad de quien toma la prueba, así como de las circunstancias en que la prueba es administrada). Todo ese trabajo usualmente culmina con una patente: la prueba es inscrita, tiene derechos de autor y los usuarios se responsabilizan a usarla dentro de las condiciones que la prueba establece. Por eso, tales pruebas son relativamente caras.
En la actualidad se ha hecho posible evaluar a distancia, o virtualmente como se usa decir en estos tiempos. Usted —profesional de la psicología, no cualquier persona— se inscribe en la plataforma o casa editorial que vende la prueba, compra los “usos” de las mismas y las envía por correo electrónico para que las personas la cumplimenten. Pueden ser de inteligencia, personalidad, competencias laborales, etc. etc. Usted la administra tal y cual la venden. Es la casa editorial o la plataforma cibernética la que se encarga de corregirla y enviar los resultados ponderados de acuerdo con los parámetros que usted haya indicado. Por eso me extraña tanto la inclusión del “ítem del oprobio” que sólo sirvió para manchar el proceso (¿o cree usted que alguno de los postulantes haya marcado que no estaba de acuerdo con la forma como se está conduciendo el país? No son tontos: buscan trabajo no desnudarse políticamente).
No creo que la Ministra tuviera conocimiento de ese ítem ¡tendría que llevar al extremo la micro gerencia de esa monstruosa organización que es el Ministerio de Educación. Pero quien detenta el cargo es responsable último de los procesos que allí se originan y conducen. ¿Violaron el copyright? ¿Chavelearon la prueba? (No me pida que le explique ese término. Si no entiende no se preocupe).
Más me interesaría conocer el perfil que se elaboró para la selección de docentes. Pues tales pruebas se emplean para cientos de finalidades distintas, lo que cuesta es decidir el perfil idóneo. Por ejemplo ¿será mejor docente quien puntuó alto o quien puntuó bajo en tendencia al riesgo / cautela, flexibilidad / ejecutabilidad, obsesividad / despreocupación, autonomía /dependencia, asertividad / sumisión, dogmatismo / racionalidad para mencionar sólo algunas de las sub escalas de esa prueba? Escalas que hacen evidente que quien sugirió incluir ese ítem no tiene dos dedos de frente o carece de una buena formación teórica en los rasgos que mide la prueba o en psicología académica en general.
Desde ya estamos esperando los resultados –que supondremos públicos- de los dos procesos de auditoria que las autoridades del MINED anunciaron que se habían contratado. Ojalá que los dueños de la prueba no interpongan demanda por violación de propiedad intelectual. Ojalá que, si la interponen, lo hagan contra la compañía privada que asumió la evaluación y no contra el MINED que la contrató. Porque sería muy feo que nuestros impuestos se gastaran en eso. Daría pie para que la diputada preguntara “¿cuántas escuelas se podrían haber construido con ese dinero?”. Ojalá ya no tengamos que oírla nuevamente.
Psicólogo/psicastrillo@gmail.com