La Fiscalía General de la República nace oficialmente el cuatro de marzo de 1952, pero como Institución surge en 1939. Forma parte del denominado Ministerio Público con la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Derechos Humanos. En el año de 1992, pasa a dirigir los procesos penales, asumiendo monopolio de la acción penal.
En el artículo 193 de la Constitución de la República se determinan las funciones y su actuación. En el numeral tercero, se establece que “dirige” la investigación del delito con la colaboración de la PNC en la forma que determine la ley.
Su ley orgánica fue aprobada el 27 de abril del 2006 y publicada en el Diario Oficial de fecha 25 de mayo del 2006. En el artículo dos de la ley orgánica se mencionan su competencias, entre otras, nuevamente “dirigir la investigación” pero, ¿cuántas ocasiones no hemos escuchado que regula la dirección funcional con la PNC? Una figura legal que lo único que ha hecho es mantener una FGR sin investigadores propios desde su nacimiento y sin laboratorios forenses dignos.
Ante todas estas fallas de origen diseñadas por el sistema, y que fueron aprobadas en la Asamblea Legislativa en cada uno de los periodos mencionados, no me queda duda que fue concebida y diseñada para que no funcione, casi que para que pierda o, dicho de otra manera, que le cueste ganar sus casos. A esto hay que sumar un presupuesto que se le asigna cada año paupérrimo.
No es un tema de que partido político está en el Órgano Ejecutivo, es estructural, no solo hay problema en lo financiero. El período para que el Fiscal General de la República genere transformaciones profundas en treinta y seis meses de gestión es insuficiente, en ningún momento se pensó en crear una Institución fuerte y altamente especializada, pero se le exige resultados contundentes y rápidos por todos los sectores.
La semana anterior se presentó el proyecto de ley de presupuesto una nueva oportunidad para resolver las limitantes y problemas en el trabajo y desempeño de la FGR; se asigna en el proyecto un incremento nada más de $5.1 millones anuales, y corresponderá el presupuesto total al 0.3 del PIB nominal, no incrementa, se mantiene; para el año 2014 el BCR informó que el costo de las medianas y gran empresa para pagar extorsión fue de 756 millones de dólares lo que era un 3% del PIB para ese año 2014, el crimen organizado y las pandillas obtienen más recursos para sus operaciones y mantenimiento de sus estructuras que lo que se le asigna a la FGR.
Mis respetuosas sugerencias para los diputados y diputadas son las siguientes con relación al presupuesto FGR para el combate y represión del delito:
•Efectuar una revisión inmediata del presupuesto asignado a la FGR para aprobar el proyecto presentado por el Señor Fiscal General de la República
•Dotar de instalaciones propias y dignas centralizadas, tecnología, personal, equipos y todo tipo de hardware y software de última generación.
•Efectuar una reforma para que la FGR cuente con asignación del porcentaje del presupuesto general de la Nación, y evitar su desgaste cada año pidiendo recursos, esto le brindaría independencia.
•Asignación especial para combatir delitos como homicidios, feminicidios, desaparecidos, extorsiones, crimen organizado y pandillas.
Es posible contar con una FGR fuerte, profesional, eficiente y especializada para el año 2020. Diputados y diputadas, tienen la gran oportunidad de cambiar el rumbo y el destino que decidieron Asambleas Legislativas pasadas, para una FGR que tenga todo para ganar.