Poniendo a la base creencias propias, principios y valores aprendidos a lo largo de la vida, recientemente tuve en mis manos dos libros, titulados “Política y Religión: Participación Cívica de los Creyentes” y “Religión y Política en los barrios populares de Guadalajara”. Este material me permitió apuntalar ideas, así como decidir escribir sobre este controversial pero necesario tema. Ambos libros abordan la temática desde diferente perspectiva y propósitos, pero permiten concluir la gran influencia que la Iglesia puede o no gestionar ante los entes gubernamentales, según las necesidades de la sociedad. Sin embargo, para el interés particular de este artículo es más necesario centrar la atención en la influencia individual que los creyentes (hombres y mujeres de fe cristiana) pueden ejercitar en la función pública.
Entre las famosas frases de Charles Spurgeon (1834 – 1896), pastor bautista de Reino Unido, conocido como el “Príncipe de los Predicadores” en la Inglaterra del Siglo IXX, figura esta: “Solo los tontos creen que política y religión no deben ser discutidos. Por esa razón los ladrones permanecen en el poder y los falsos profetas continúan predicando”. Severas palabras de Spurgeon, revelando que, en su época, la sociedad inglesa también adolecía de los mismos males que se sufre Latinoamérica del siglo XX y XXI.
Son conocidas las penurias que nuestros pueblos latinoamericanos han sufrido bajo malas administraciones y experimentos socialistas a través de los años; por lo tanto, es injusto que hombres y mujeres de fe, honorables, como es el caso de los creyentes genuinos, persistan en automarginarse del ámbito político, cuya historia está llena de pésimas gestiones y corrupción. “¿Cómo podrá cambiar esta situación si irresponsablemente se decide dejar la política en manos de gente sin escrúpulos? ¿Qué país estamos heredando a nuestros hijos por nuestra falta de desinterés? ¿Permitiremos que instancias sin fundamentos cristianos evangélicos genuinos continúen controlando curules parlamentarios, salas judiciales y silla presidencial?”. Tampoco se trata de establecer una teocracia.
Puedo asegurar que los creyentes de la Iglesia protestante son una expresión popular masiva identificada con los anhelos de un mejor nivel ético de la clase política en El Salvador. Por ende, ya es tiempo de exigir una administración pública más sana, justa y honesta. La Biblia exige a los gobernantes “no torcer el derecho ni tomar soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras del justo” (Deute. 16:19). Es un error que los cristianos evangélicos sigan mostrando desinterés cívico. Aclaro que no se trata de que toda una organización eclesial llegue a acuerdos con instituciones políticas, sino de la participación del creyente como tal. Sirva esto como un llamado a forjar una mejor generación y apoyar una fuerza cívica de restauración y reconciliación nacional. Porque mientras no haya una verdadera renovación moral y ética en la clase gobernante, no se podrá acabar con el flagelo de la corrupción y la deshonestidad.
Soy de la opinión de que el respeto mutuo nunca debe ser superado por ofensas, confrontaciones ni violencia ideológica. Los creyentes jamás deben involucrarse en contiendas violentas o calumniosas. Los creyentes evangélicos deben ser una esperanza de restauración moralizadora en los ámbitos gubernamentales, porque, aunque la preparación y habilidad administrativa son importantes, en estos tiempos urge una buena estatura moral, espiritual y de servicio.
EL POLÍTICO CREYENTE debe estar totalmente entregado a la tarea de SERVIR. Se necesita, con apremio, personas con principios y moral renovados, que no se dejen llevar por la vanidad, fama y opulencia. Sería grave erróneo si el creyente se involucra para corromperse o para participar en lo injusto. Así que si alguien sigue pensando de los creyentes que se incorporan en la política cometen pecado, yerran ignorando las escrituras y la voluntad Dios, pero si se involucran para servir, respetando los ordenamientos bíblicos y en el temor de Dios, nada puede impedírselo, siempre y cuando no sea ministro ordenado ejerciendo sus facultades (Art. 82 Constitución).
Militar y economista