La globalización ha cambiado el mundo de diversas formas, desde la política externa de los países en cuanto al tema de la inmigración hasta los modelos económicos que rigen la economía mundial. En ese sentido, han surgido nuevas formas en las que gobiernan y administran los Estados, entre las que encontramos la tendencia de la descentralización de las mismas.
Existen muchas maneras de definir la descentralización, pero, para efectos de este artículo, la entenderemos como el proceso mediante el cual se transfiere el poder, ya sea político, fiscal o administrativo, desde el nivel central hacia los niveles subnacionales del gobierno (en este caso, municipalidades). No existe un modelo estándar. Debido a que depende de los objetivos a alcanzar, se puede optar por una desconcentración en la que el gobierno central dispersa algunas de sus funciones en oficinas regionales o por una delegación donde el poder se transfiere a favor de funcionarios con rango inferior del mismo gobierno central.
Los principales objetivos de una descentralización administrativa hacia los gobiernos locales deben ser mejorar la prestación de servicios públicos y elevar las condiciones de vida de la población. La cercanía que tienen las municipalidades con la población y el acceso a las mismas son ventajas que deben ser aprovechadas para la ejecución de proyectos clave. En cambio, si esta facultad se reserva para instituciones del Gobierno Central se afecta el acceso a varios servicios y beneficios. En muchas ocasiones, sus oficinas centrales se ubican en ciudades que, para el ciudadano de “a pie”, resultan de muy difícil acceso cada vez que se deba realizar un trámite; se vuelve más burocrático y difícil poder controlar la forma en que se asignan los recursos.
En razón de lo anterior, la descentralización no solo responde a cuestiones de eficiencia económica, sino también democráticas, pues permite una mayor participación de la población. Cuando existe un verdadero plan de trabajo con mecanismos efectivos para evitar y sancionar la corrupción, se vuelve un polo de desarrollo en todos los puntos del interior del país.
En el ordenamiento jurídico salvadoreño, la sección segunda del capítulo sexto de nuestra Constitución regula que las municipalidades serán autónomas en lo económico, técnico y administrativo. En el artículo 206 se establece que los planes de desarrollo local deberán ser aprobados por los Consejos Municipales, pudiendo valerse de otras instituciones. Es una facultad propia de cada gobierno local el desarrollar estas actividades estratégicas y, de la mano con el artículo 207 de la misma Constitución, se entiende que sus fondos no podrán centralizarse en el Fondo General del Estado, ya que eso sería atentar contra la misma autonomía presupuestaria que le otorga la Norma Suprema.
Por lo tanto, quitar el control que las municipalidades tienen sobre el FODES no representa un progreso, más bien todo lo contrario. Es regresar a un modelo antiguo e ineficiente de centralización de todo en una institución, vulnerando la autonomía de los gobiernos locales y obstaculizando su trabajo.
En conclusión, nadie cuestiona que la labor de los gobiernos locales ha dejado mucho que desear en el pasado, por lo que surge la necesidad de crear mecanismos que propicien la transparencia de la gestión municipal. No obstante, estos esfuerzos no deben reñir con disposiciones constitucionales que buscan fortalecer un sistema descentralizado mediante el cual se logre llevar el progreso más allá de la capital y sus alrededores.
Estudiante de Licenciatura en Ciencias Jurídicas,
Miembro Club de Opinión Política Estudiantil (COPE)