Uno de los problemas de los pueblos jóvenes es su memoria corta, pues su escaso recorrido en el ámbito de la democracia no les permite profundizar en sus verdaderos problemas y se dispersan con asuntos de poca trascendencia que ocupan, durante corto tiempo, un lugar privilegiado en la opinión pública.
Tal es el caso de Andy Lovos, que tuvo fuerte resonancia mediática, en que se dispararon acusaciones a favor y en contra de Etnor Rubio y el Comité Salvadoreño El Piche, haciendo del chico y su familia héroes por un día, sin que al final hubiera ninguna razón válida para explicar tanta bulla por algo que no merecía la pena.
Pero otros sucesos de mayor envergadura, causantes de sorpresa e indignación ciudadanas, luego se evaporan como cohetes soplados, y a pesar de ser asuntos serios que merecerían mayor investigación, quedan olvidados y aquí no ha pasado nada. Cuando se acerca la temporada navideña resucitan voces exigiendo la prohibición de la pólvora, con dramáticas estadísticas de niños y adultos gravemente quemados por manipulación de cohetes prohibidos.
Se incendian un par de coheterías clandestinas, las alcaldías otorgan los permisos de ventas, muchos no aprobados por los bomberos y a esperar las negras estadísticas de más quemados y fotografías de puestos no autorizados, donde se venden los letales artefactos. Y hasta el 2020 el próximo capítulo.
El general Munguía Payés autorizó que $1.5 millones del IPSFA fueran usados para pagar el salario de diciembre a los miembros de los cuerpos de seguridad, aunque la transferencia de fondos es totalmente ilegal y ya ha habido casos de funcionarios encarcelados por acciones similares. El general se defendió alegando que si no les pagaba, sus subalternos podían levantarse en armas y atentar contra la seguridad del Estado. Y que tuvo autorización verbal del presidente Sánchez Cerén y del Ministro de Hacienda, quien inmediatamente lo desmintió. ¿Y este es el fin de la obra? ¿No deberá responder por una acción totalmente ilegal?
El Instituto de Acceso a la Información Pública en junio 2019 contrató como director ejecutivo, por vía directa, a un abogado inhabilitado como notario por tres años por la CSJ en abril del 2018, por una causal de falsedad, y por haber negado información sobre los gastos de viajes y viáticos del entonces presidente Mauricio Funes y Vanda Pignato. La única explicación de la comisionada Liduvina Escobar es que la inhabilitación no fue un requerimiento que se ponderó a la hora de contratarlo, porque tiene las credenciales para el puesto.
No se sabe si este funcionario sigue como director ejecutivo, durante la audiencia de 24 minutos en el IAIP, por la solicitud de los fundadores de Nuestro Tiempo, Wright y Valiente, de que Centros Penales informe quién pagó el controvertido viaje de Osiris Luna y su acompañante/asistente, en avión privado a México, según él invitado por ese gobierno, lo que fue desmentido por el país azteca. Los abogados de Osiris, se negaron a dar la información completa. ¿Cuál será el epílogo de esta vergonzosa historia, o será una aventura más sin final y aquí no ha pasado nada?
Esta lista interminable puede crecer, aumentar rápidamente y quedar en el olvido, si no luchamos contra el peligro de la memoria corta. Un recordatorio constante debe ser exigir a los diputados de la Asamblea Legislativa se enmiende la Constitución para disminuir el número de diputados, ya que así será más fácil encontrar personas honestas, dispuestas a servir al pueblo y no a sus propios intereses. Hay que seguir insistiendo, porque si bajamos la guardia, les autorizamos a seguir con lo mismo, porque ellos no van a cambiar.
Maestra.