PUESIESQUE…Como parte del condenable proceso de consolidación del régimen autoritario, la Asamblea Legislativa (AL) acordó reformas a la Ley de la Carrera Judicial (LCJ), disponiendo la destitución de todos los jueces y magistrados que tengan 60 años de edad o 30 años de servicio: esto significa que al régimen le urge colocar como jueces, a fanáticos o a genuflexos que se limiten a arrodillarse ante las instrucciones, órdenes o caprichos del ídolo mesiánico que tiene “línea directa” con “Dios”.
Esas reformas a la LCJ no pasan, desde una perspectiva jurídica, ni la prueba de la risa, pues son una expresión más de las ofensivas vulgaridades que elaboran quienes en Casa Presidencial(CAPRES) retozan entre tinterilladas y leguleyadas, pero lo vergonzoso es que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se esté prestando a tan ignominioso acto de desmantelamiento del Poder Judicial.
Y es que ante la rotunda oposición de jueces y magistrados de segunda instancia a las reformas a la LCJ, la CSJ ha salido al paso con una serie de propuestas que, además de un insulto para la dignidad de un juez, son legal y financieramente inviables, así que lo más seguro es que se trate de un timo, incluyendo vías de coacción contra jueces y magistrados.
En efecto, les cuento:
•Como un importante número de jueces y magistrados, en defensa de la independencia judicial, han expresado oposición a las reformas a la LCJ, al grado que han organizado marchas de protesta, la CSJ intenta -a través de diversos subterfugios y amenazas- disipar tales protestas, ofreciendo lo que solo puede calificarse, dicho respetuosamente, de prebenda.
•Así, la CSJ -en una propuesta indecente- ha ofrecido a jueces y magistrados el pago de una indemnización o bonificación extraordinaria, equivalente al sueldo de 24 meses, si renuncian antes de la vigencia de las reformas a la LCJ.
•Al respecto, es indispensable señalar que la letra ch) del artículo 41 de la LCJ dispone, como prestación en favor de los integrantes de la carrera judicial, una bonificación por retiro voluntario equivalente a seis meses como mínimo del último sueldo devengado, siempre que se hayan cumplido al menos las dos terceras partes del tiempo requerido para jubilarse.
•Entonces, lo que la ley vigente prevé es una bonificación por retiro voluntario equivalente a seis meses de sueldo. La ley no dice doce meses, tampoco veinticuatro, sino que consigna, expresamente, SEIS meses.
•Siendo así, para que sea legal la entrega de una bonificación por retiro equivalente a doce o veinticuatro meses, es indispensable reforma legal, la que únicamente operaría para los casos futuros (recordar que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo las sandeces que acuerda la AL).
•Por ello, si un juez renuncia la próxima semana o la subsiguiente, lo único a lo que tiene derecho es una bonificación por retiro equivalente a seis meses de sueldo: es así porque el acto se rige por la ley al momento de su realización.
•Ahora bien, la CSJ anuncia que ha adoptado o adoptará acuerdos para pagos extraordinarios, pero hay que tener en cuenta que ningún acuerdo administrativo -así sea de la CSJ- puede estar por encima de la ley, así que eso de prometer “indemnización” o “bonificación” extraordinaria, además de paja, es ilegal.
•Por ello, si jueces o magistrados renuncian antes de la vigencia de reforma que disponga la bonificación extraordinaria, lo más probable es que solo les paguen bono por seis meses y la CSJ les diga después: “que lo siento, señor exjuez, pero no logramos que la AL, después de insultarlo diciéndole corrupto por el solo hecho de cumplir 60 años, nos aprobara una bonificación extraordinaria”.
•Además, si un juez recibe en concepto de bonificación por retiro, un monto superior al legalmente procedente, en tanto que el fraude de ley es notorio, no se descarta que la Corte de Cuentas formule un reparo y reclame devolución de lo pagado en exceso; e, incluso, que la Fiscalía General de la República inicie proceso penal por enriquecimiento ilícito.
•Adicionalmente, la realidad es que, con la crisis fiscal, no existe dinero para pagar las bonificaciones extraordinarias que promete la CSJ.
En definitiva, pues, esos ofrecimientos de prebendas por parte de la CSJ parecen más bien una trágica película de terror.
¡NO SE DEJEN TIMAR, SEÑORES JUECES!
P.D. Es inmoral y éticamente inaceptable que jueces y magistrados negocien bonos con personas que el Departamento de Estado de EE.UU. ha colocado en la “Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos”.