Aparentemente existen problemas para la adecuada comprensión de la información pública por parte de algunos funcionarios. De momento no me refiero a la que por Ley de Acceso debe ser disponible sin más excepciones que las legales, y ser entregada en los plazos establecidos. Me refiero a aquella información que desde entes como el gobierno, instituciones autónomas y municipalidades es trasladada a la ciudadanía: los electores.
Generalmente el manejo de la información es concentrado en la figura del titular de la entidad. Existe la convicción de que el funcionario debe mostrar que trabaja, que está listo para responder a las contingencias —sin importar la hora—, lo que implica hacer la mayor cantidad posible de sacrificios. Eso no es discutible, tampoco que se da por descontado que así debe ser, siendo que su sueldo —aunque algunos formalmente laboran ad honorem— es pagado con los impuestos de los contribuyentes.
La concentración del foco en el funcionario pareciera ser una obsesiva necesidad de que tal abnegación deba ser conocida mediante la promoción de la figura del titular, a través de publicaciones en medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales; lo que alimenta buena parte de la publicidad oficial. Esta es de dos tipos: la llamada publicidad no paga y la publicidad paga.
La primera es aquella compuesta por los comunicados de prensa, textos de leyes, reuniones en el ámbito legislativo, por ejemplo. La publicidad paga es la que con fondos públicos aparece en los medios de comunicación, incluyendo materiales de video o software producido por el gobierno, y los publicados en Internet. Muchas de las publicaciones de autopromoción suelen estar en la categoría de publicidad paga.
Esta dinámica, fundada en la discrecionalidad y nula rendición de cuentas de los funcionarios, es propia de un país en permanente campaña proselitista; es una extensión de la búsqueda del voto.
Eso sí, hay que tomar en cuenta que en el ámbito de la comunicación política estas acciones permiten una relación cercana entre los gobernantes y gobernados mediante los mensajes que van y vuelven a través de los medios de comunicación social. En el caso de los llamados medios tradicionales, no hay retroalimentación. Sí la hay respecto a los mensajes en Internet; en ambos escenarios, la opinión pública generada viene de una agenda constituida por entes públicos con autoridad. Respecto a la publicidad pagada, no insinúo ni mucho menos aseguro que no es necesaria; pero hay suficiente documentación de que la discrecionalidad y la falta de regulación con que es asignada la convierten en una forma de presión indirecta para el funcionamiento de medios de comunicación. En un mundo paralelo, un gobierno puede no dar pauta a ningún medio, lo que no puede es asignarla como premio o castigo a líneas editoriales. Un principio básico de un país democrático y una práctica propia del buen gobierno.
Pero, ¿las permanentes publicaciones sobre inauguración de obras, lanzamiento de planes de apoyo a sectores, aprobación de leyes, éxitos en la gestión y un extenso etcétera, constituyen información útil para la ciudadanía o es un mecanismo para otros fines, no necesariamente nobles?
Una posible respuesta la estableció la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia al retomar la Declaración de Principios de Libertad de Expresión (referencia 61-2016): “En una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a conocer sobre las actividades oficiales, políticas de gobierno y los servicios que brinda el Estado; pero no es luz verde para que esa publicidad se desvíe para convertirse en propaganda a favor de los que controlan el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización de sectores opositores o críticos del gobierno” .
Periodista.