El 7 de octubre Bukele reunió en CAPRES a un grupo de sindicalistas para escuchar sus autorizadas opiniones sobre su reforma al sistema de pensiones, para justificar que tomó en cuenta la opinión de todos los sectores. Por supuesto, aquellos afines a él, dispuestos a apoyar y aplaudir hasta la última barrabasada que se le ocurra, aunque sea contraria a la Constitución y al sentido común.
Como era de esperarse, el sindicalista Roswal recomendó que “deben nacionalizarse las pensiones, para ser administradas por un Instituto Nacional Autónomo Previsional (recomendación de Ulloa en la nueva Constitución) para pensionarse con un 70% del último salario cotizado”. ¿Sabrán estos adalides del pueblo trabajador la experiencia negra que tuvieron los cotizantes durante el tiempo en que el GOES manejaba todo el sistema previsional?
Los aportes de los trabajadores del INPEP y del ISSS ingresaban a un fondo único y, según recuerdan algunos de los afiliados, el fondo podía dar préstamos para comprar casa, vehículo, vacaciones y otros gustos y, según la ley vigente, la pensión se calculaba del promedio del salario percibido durante los últimos tres años de trabajo. Puerta abierta para la picardía porque los más vivos de los sectores público y privado se colocaban sueldos altísimos durante esos 3 años para jubilarse con jugosas pensiones. Ante la esperada quiebra del sistema, Saca creó un Fideicomiso que “permitía” al gobierno retirar anualmente el 35% de los fondos de las AFP para pagar las pensiones del sistema quebrado, al miserable interés del 1.5%, mientras las instituciones extranjeras recibían tasas del 7 y 8%. Funes terminó de completar el desfalco, elevando el porcentaje al 45%.
El gobierno del FMLN trabajó para desacreditar a las AFP alegando que las pensiones eran bajas por las altas comisiones que cobraban por administración, cuando este porcentaje está regulado por la ley. Satanizaron la idea de aumentar la edad de retiro, que genera bajas pensiones, ya que al jubilarse las mujeres a los 55 años y los hombres a los 60, dejan de cotizar, y aunque sigan trabajando por cuenta propia, eso no les aumenta la pensión. En países del Primer Mundo, la edad de jubilación ha sido extendida hasta los 70 y 75 años, pues el promedio de vida ha aumentado a nivel mundial.
Los cotizantes en las AFP tenemos una cuenta individual cuyos estados indican la cantidad que respalda nuestra pensión. Que esas cuentas individuales pasen al Estado es un robo prohibido por la Constitución, pues el gobierno podría destinar esos fondos a otras carteras. Hoy, el total de lo ahorrado por los trabajadores en las AFP es de más de $12,000 millones, de los cuales el gobierno ya “tomó prestados” casi $9,500 millones, por lo que con la estatización mataría dos pájaros de un tiro, pues quedaría saldada y en el olvido la millonaria deuda.
Algo tan serio como la estatización de las pensiones se está llevando a cabo sin estudios actuariales que permitan determinar el monto de las pensiones futuras para no castigar a la población laboralmente activa que merece una pensión decente. Según especialistas, estatizar las pensiones y jubilarse con el 70% del sueldo aguantaría unos 5 años y no sacaría al gobierno de la enorme crisis fiscal ante el escandaloso aumento de la deuda y el escandaloso aumento de los empleados públicos, lo que no permite destinar recursos para obras de beneficio para el pueblo. Es el momento de defender nuestros ahorros de la rapiña de un gobierno incapaz, que ya lo demostró al quitarle tranquilamente al ISSS $25 millones, propiedad de los trabajadores, para decorar el cascarón que se llama Hospital El Salvador.
Maestra.