La investigación conjunta elaborada por Access Now y Citizen Lab, que reveló el uso a gran escala del programa espía Pegasus de NSO Group contra periodistas y miembros de la sociedad civil, ha generado preocupación por sus efectos en la libertad de expresión.
Las intervenciones, ocurridas entre julio de 2020 y noviembre de 2021, constituyen junto a la vulneración de grupos de periodistas en WhatsApp y de la cuenta del Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) hechos inéditos tras el fin del conflicto armado en 1992.
Citizen Lab es un laboratorio especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto. La investigación fue verificada por expertos de Amnistía Internacional. Se trata de un uso catalogado como obsesivo y que marca una nueva forma de amenaza a los derechos humanos, en cuanto restringen la libertad de expresión.
En respuesta a una agencia de noticias, el gobierno se desligó de responsabilidad en el incidente y aseguró que algunos funcionarios han sido alertados de que son objeto de espionaje, en alusión a la advertencia hecha por Apple el 23 de noviembre pasado sobre una posible intervención en sus teléfonos móviles.
APES ha avisado a la Fiscalía General de las intervenciones detectadas y al teléfono móvil del centro de monitoreo de la gremial, lo que constituye una especie de prueba a la independencia del funcionario ratificado en el cargo hasta el 2025 por la mayoría legislativa que el 1 de mayo le nombró sin que fuera seguido el proceso legal.
Hay quienes aplauden lo sucedido. Siguen, consciente o inconscientemente, el discurso de desprecio y odio al periodismo que desde instancias oficiales es vertido casi a diario, lo que contraría la obligación de los estados de usar un discurso favorable al periodismo como forma de prevención de la violencia contra el sector.
Tales expresiones de odio al periodismo violentan la libertad de expresión en la vertiente de derecho humano a recibir información, incluso de aquellos que aplauden tales abusos y que acuden a expresiones vacías como “a saber en qué andan”, o” el que nada debe, nada teme”.
También se afecta el derecho a buscar información que tiene toda persona en general y los periodistas en particular. Parte del discurso antiprensa es desacreditar publicaciones que reflejan arbitrariedades en el manejo de fondos públicos, aunque haya documentos, declaraciones, fotografías y los insumos que le dan sustento a lo publicado.
La libertad de expresión incluye el derecho de los periodistas a mantener la confidencialidad de las fuentes. El fundamento es que en el ámbito de su labor para brindar al público información es necesario proteger a los informantes de potenciales represalias. Esto previa comprobación de la calidad de la información.
Un antecedente de la relevancia del asunto es que en 1996 la Corte Europea estableció que la protección de las fuentes es una de las condiciones básicas de la libertad de prensa.
La vulneración de comunicaciones, en tanto no es avalada judicialmente, es un delito. Es una violación a la intimidad y expone a las fuentes.
Esto puede generar como efectos que los medios y periodistas afectados no cuenten con insumos para fundamentar sus publicaciones, promueve la censura y la autocensura. Para los impulsores, es una forma de callar a medios o instituciones, sin importarles que afectan el derecho de toda la población de recibir información, con el fin de imponer una sola voz.
Periodista