México y el duopolio de la fuerza

Lo que queda claro es que el suceso deja un pésimo precedente: el incentivo para grupos poderosos de que armándose de maneras más efectivas que la fuerza armada pueden desafiar el monopolio estatal de la fuerza.

Por Cristina López
Lic. en Derecho de ESEN

Oct 18, 2019- 18:45

Una de las primeras cosas que aprende un estudiante de ciencias jurídicas en cualquier curso introductorio de Teoría del Estado es que el Estado mantiene el monopolio de la fuerza, por la sencilla razón de que en una república la sociedad otorga de manera voluntaria el poder a las instituciones estatales para hacer cumplir la ley. Y tiene sentido que sea un poder monopólico: ¿cómo preservar el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley si múltiples entidades, en competencia, pelearan por el ejercicio de la fuerza para ejecutar los propios intereses?
Hasta ahí la teoría, porque la realidad de muchos de nuestros países latinoamericanos, comprobadamente, dista mucho del ideal de mantener el monopolio de la fuerza en el Estado. La falta de institucionalidad, el debilitamiento del Estado de Derecho, la falta de políticas de Estado, las inequidades estructurales, etcétera, hacen que en muchos países lo que se lleva a cabo es más bien un duopolio de la fuerza, en el que los intereses que se ejecutan dependen de quién tiene el dominio del poder. A veces este dominio se expresa a través de la violencia; otras veces se expresa a través del poder económico.
En México, la semana pasada quedó demostrada en Culiacán la existencia de un duopolio de la fuerza, en la que las autoridades y el gabinete de seguridad del Estado mexicano compite (y en desventaja) con el poder belicoso del cartel de narcotráfico del Chapo Guzmán. Según reportes periodísticos, el hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, tiene una orden de captura para ser extraditado a los Estados Unidos. Intentando ejecutar esta orden de captura, las fuerzas armadas decidieron usar el monopolio de la fuerza y se encontraron con que en Culiacán ese monopolio lo ejerce un cartel de narcotráfico. La balacera que resultó obligó a los muchos habitantes de Culiacán a buscar refugio por horas en tiendas y otros espacios cerrados. Y el despliegue de violencia resultó en dejar a Junior en libertad, decisión que el Estado mexicano justificó diciendo que era para salvar vidas inocentes. De la estrategia o visión que usó el gabinete de seguridad para ejecutar esta orden de captura usando las fuerzas armadas, o de la decisión que se tomó de dejar en libertad a uno de los criminales más buscados a nivel internacional, se sabe poco puesto que las declaraciones públicas de las autoridades han estado llenas de contradicciones e inconsistencias que el Andrés Manuel López Obrador de hace un par de años (ese que criticó al gabinete de seguridad de 2015 luego de que el Chapo escapara de prisión por un túnel) habría condenado como vergonzosas.
Aparte, según Ernesto López-Portillo Vargas (analista de la revista Animal Político), en México no existen “medios de verificación confiables para distinguir que es cierto y qué no con respecto al sector de la seguridad”. En otras palabras, a la sociedad civil no tiene recursos institucionales algunos que le permitan saber qué decisiones se tomaron, si hubo negociaciones, si las decisiones se tomaron a nivel de calle y durante el enfrentamiento, o si se dieron a nivel presidencial.
Lo que queda claro es que el suceso deja un pésimo precedente: el incentivo para grupos poderosos de que armándose de maneras más efectivas que la fuerza armada pueden desafiar el monopolio estatal de la fuerza. Y para los ciudadanos, otra pieza de evidencia de que el Estado al que le cedieron poder ha fallado y que ganaron los malos, evidencia que también tenemos en tantas colonias y barrios de El Salvador dominadas por las maras.

Lic. en Derecho de ESEN, con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University.

@crislopezg

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