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Abogado Enrique Anaya: Magistrados con las "manos manchadas de sangre"

Por Enrique Anaya
Abogado constitucionalista

PUESIESQUE…el señor juez Jorge Guzmán (quien tenía a su cargo la tramitación del proceso penal por el caso del Mozote y sitios aledaños), calificó muy bien lo sucedido el fin de semana con relación a la cesación de jueces mayores de 60 años de edad o 30 años de servicio: MASACRE.

Coincido plenamente con esa calificación, pues la materialización de un plan pergeñado en Casa Presidencial (CAPRES), formalmente autorizado por la Asamblea Legislativa (AL) y ejecutado materialmente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha sido una masacre contra jueces decentes del sistema judicial salvadoreño, contra el Estado de Derecho y contra la democracia; ya que con esa acción se permite la continuidad y consolidación del plan de CAPRES para instaurar en el país una dictadura personalista, determinada por la adoración de un ídolo que afirma tener “línea directa” con Dios.

Pero veamos quienes han sido los ejecutores materiales de esa masacre, pongamos aquí las “caras” de los hechores:

De los cinco operadores políticos de CAPRES (Oscar López Jerez, Elsy Dueñas Lovos, Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahum Martínez y José Angel Pérez Chacón) que usurpan funciones en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SCn/CSJ) solo podíamos y podemos esperar las actuaciones más viles contra la decencia y el Estado de Derecho, al grado que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América les ha incluido -para deshonra mundial- en la “Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos”. Así que referirse a esas personas no vale la pena, pues ni magistrados son.

Sobre los magistrados -legítimos en su origen- de la CSJ, hace algunas semanas (en este mismo espacio), me preguntaba de qué lado de la historia se colocarían: ¿cumplirían con su palabra de honor comprometida en su juramento constitucional?, o ¿participarían en la destrucción del Poder Judicial?

Ahora, a partir de lo relatado en el acta de sesión de Corte Plena, del 17 de septiembre de 2021, ya sabemos que 9 magistrados de la CSJ (pues se describe una ausencia) prefirieron, para vergüenza de sus descendientes, deshonrar para siempre sus nombres y apellidos, pasando a la historia como autores materiales de una “masacre judicial”, manchando -de modo imborrable- sus “manos con sangre”.

Y es que, según se describe en dicha acta, en la sesión de Corte Plena del 17 de septiembre, en la que se aprobó el espurio y condenable mecanismo de coacción contra los jueces, ofreciendo el pago ilegal de 24 meses de sueldo si renunciaban, NINGUNO (sí…leyó bien: ninguno) de los 9 magistrados se expresó en defensa de la Constitución y del Estado de Derecho; nadie planteó la evidente inconstitucionalidad de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial; nadie votó en contra de las vergonzosas decisiones que se adoptaron.

Toda la sesión de Corte Plena fue una intrascendente discusión sobre bagatelas, que solo deja en evidencia la nula capacidad jurídica de quienes hoy día ocupan los despachos de la CSJ: ni contar los días del plazo para entrar en vigencia una ley saben.

Me pregunto, ¿qué sentirán -si es que tienen sentimientos- esos magistrados que participaron en tan execrable acto de hacer del Poder Judicial un lodazal?

Por ejemplo, magistrada Dafne Sánchez de Muñoz, ¿qué se siente traicionar lo que le enseñó -más bien, dada su conducta, quiso enseñarle- su maestro Luis López Guerra, un profesor y ex juez español de acreditadas credenciales democráticas? ¿qué se siente actuar de modo frontalmente contrario a lo que ud. explicaba a los estudiantes de Derecho?

O, en otro ejemplo, ahora con los magistrados Alex David Marroquín, Leonardo Ramírez Murcia, Sandra Luz Chicas de Alfaro, Roberto Carlos Calderón, Sergio Luis Rivera Márquez y Paula Patricia Velásquez, ¿qué se siente pegar una artera puñalada por la espalda a sus amigas y amigos de décadas, a sus compañeros en la carrera judicial? ¿a qué “sabe” la traición, señoras magistradas y señores magistrados?

Y a los magistrados Miguel Flores Durel y Ernesto Clímaco Valiente, ¿qué se siente abjurar de su palabra de honor? ¿cómo se siente saber que no les sirvió de nada asistir a la escuela de Derecho, pues han negado las nociones más elementales del Estado Constitucional de Derecho?

Ya conocemos, pues, según lo relatado en acta de sesión de Corte Plena, cuáles son los nombres y apellidos de quienes participaron en lo que el juez Guzmán califica, acertadamente, de masacre: quedan registrados para siempre en el libro de la historia del oprobio judicial.

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