El ciudadano presidente reincidió en su conducta autoritaria. De nuevo incumplió resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Ordenó cercos sanitarios restringiendo la movilidad de los ciudadanos e ignoró el mandato de la Sala que exige el libre ingreso de salvadoreños y residentes al país sin necesidad de presentar pruebas de laboratorio por COVID-19.
Ambas disposiciones son relevantes. Pretenden evitar un peligroso rebrote de la pandemia. Las sentencias de la Sala reconocen esta compleja situación. Sin embargo los fallos judiciales también señalan que para enfrentar al coronavirus no es necesario violentar la Constitución.
Durante la pandemia la Sala explicó en varios de sus fallos, con meridiana claridad, los requisitos y el procedimiento que debe aplicar el Ejecutivo cuando se trata de limitar los derechos de los habitantes. Ni el gobernante ni sus ministros se ciñeron a lo dicho por el máximo intérprete de la Constitución. El Ejecutivo rechaza la posibilidad de acuerdos con los grupos parlamentarios para el establecimiento de cuarentenas focalizadas. Tampoco brinda opciones a los que llegan al país para que la prueba de COVID-19 sea tomada en el aeropuerto o, en el caso que muestren síntomas, para que vayan a su domicilio a guardar cuarentena.
El comportamiento de varios de los funcionarios obligó a la Sala a certificar la inobservancia de su resolución a la Fiscalía General de la República (FGR); un hecho inédito, pero necesario, ante el desacato de las autoridades de migración. Esto significa que los infractores podrían ser procesados por el cometimiento de alguno de los siguientes delitos: desobediencia, actos arbitrarios, coacción e incumplimiento de deberes.
La Sala debió acordar esta medida en medio de la pandemia. Durante los meses de confinamiento obligatorio se privó ilegalmente de su libertad a cientos de ciudadanos, se impidió el libre tránsito por medio de decretos ejecutivos y se restringieron derechos económicos cuando se obligó a las empresas a no abrir sus puertas sin importar que esta decisión precisa de autorización legislativa.
Por otro lado el mundo fue testigo de la resistencia mostrada por la Fuerza Armada para que el juez que conoce sobre la masacre de El Mozote accediera a los archivos militares. El funcionario judicial ha solicitado al cuerpo militar un informe en el que aclaren quién dio la orden y los motivos para impedir la revisión de los registros citados. El juez también prepara una certificación de los incumplimientos de sus resoluciones para remitirlo a la FGR. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el bloqueó militar a la información. Estos antecedentes podrían contribuir a identificar a los responsables de la muerte de más de 1000 personas, incluidos niños, en 1981, durante el conflicto armado.
La actuación de la Fuerza Armada está desdibujando la figura de una instancia que fue modelo en el cumplimiento de los acuerdos de paz. Su resistencia a colaborar con la justicia para buscar la verdad de lo sucedido durante la guerra civil, el bochornoso episodio del 9 de febrero cuando se profanó el recinto del Órgano Legislativo, y la penosa actuación del ministro de Defensa durante la interpelación de la que fue objeto, precisamente por el atropello a la Asamblea Legislativa, puede desatar una peligrosa ola de críticas encaminada a la la idea de proscribir al ejército.
Como corolario de la nutrida actividad en contra del Estado de Derecho, un importante grupo de miembros del Órgano Judicial reclamaron ante el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Jueces, Diego García- Sayán Larrabure, por los insistentes ataques del presidente hacia la Sala de lo Constitucional y por el repetido desconocimiento de sus resoluciones.
El rechazo de la casi totalidad de los que fuimos invitados en un primer momento para formar parte de la comisión que tendrá a su cargo el estudio de las reformas a la Constitución de la República responde, precisamente, a que la iniciativa nace de un Ejecutivo que irrespeta reiteradamente a la Carta Magna. El esfuerzo de este grupo y de todo aquel que se considere demócrata, debe concentrarse, más que en el empeño de modificar la Ley Fundamental, en acatar y obedecer los principios de la forma de gobierno democrática, republicana y representativa como pilar fundamental del sistema político.
*Director de estudios Políticos de FUSADES