La nueva red de corrupción enquistada en el gobierno opaca a las anteriores. Es mucho más agresiva, poderosa y peligrosa. Así lo sugieren los detalles revelados por distintas investigaciones periodísticas. La reacción del Ejecutivo y sus acólitos, además, lo confirma.
La pandemia generó condiciones que la red convirtió en oportunidades para robar a mayor escala sin preocuparse por ser fiscalizada. Lastimosamente, esto se ha dado en muchos países alrededor del mundo, aunque con diferentes magnitudes. Los casos descubiertos por periodistas salvadoreños sugieren que en nuestro rincón del mundo el problema es generalizado.
La confusión, incertidumbre y miedo que trajo la posibilidad de contagio empujó a la ciudadanía buscar protección en el gobierno. Después de todo, así funciona el acuerdo tácito que existe entre la gente y sus gobernantes. Cedemos poder a los funcionarios bajo el supuesto de que, a cambio, nos cuiden. Por eso, ante cualquier crisis, volvemos nuestra mirada hacia quienes le confiamos el poder. Buscamos que nos resuelvan. Nuestra vulnerabilidad favoreció a la red de corrupción. La mayoría de las personas estuvo dispuesta a entregarles las llaves sin cuestionamientos con tal de que la incertidumbre se redujese, aunque sea un poco.
El presunto caso de corrupción en el que se vincula al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, es especialmente preocupante. Destruye la base de los argumentos que comúnmente se utilizan para descalificar las opiniones de quienes atribuyen la reducción en la cantidad de homicidios a un pacto clandestino entre el Gobierno y cabecillas pandilleros. La actual administración ha tratado de vender la negociación con las pandillas como una práctica exclusiva de “los mismos de siempre”, proyectando a Rivas y al resto del gabinete de seguridad como funcionarios muy alejados de ese pasado. Sin embargo, el supuesto caso de corrupción que se le atribuye al ministro sugiere que no hay diferencia entre él y sus antecesores. Es muy probable que la red, por lo tanto, se extienda a estructuras criminales callejeras.
Todo indica que no solo Rivas anda en estos pasos. La red dibujada por las distintas investigaciones es amplia. Incluye a distintas carteras de Estado y hasta a diputados de otros partidos. La protección que se ha brindado desde Casa Presidencial a todos los señalados se puede interpretar como encubrimiento y, en consecuencia, complicidad. Esto sugiere que el problema de corrupción no se reduce a unos cuantos casos aislados, sino que es algo sistémico.
Al ser parte esencial del sistema, los recursos del Estado siempre estarán en función de proteger a los integrantes de la red y sus intereses. Ante este contexto, se vuelve a un más importante siempre cuestionar: ¿qué es lo que intenta esconder la máquina comunicacional del gobierno?
Todo tema que tocan los funcionarios, la millonaria propaganda gubernamental en los medios de comunicación y los ejércitos de troles afines al Ejecutivo deben ser sometidos a sospecha, ya que es muy posible que escondan algo. Cada intervención oficial tiene como objetivo desviar la atención de la ciudadanía de algo mucho más importante y, peor aún, más peligroso. En este tipo de dinámica, el fin es crear una realidad ficticia aislada de los vicios, excesos y abusos del poder.
Por ejemplo, aunque la medida, obra o postura anunciada por un funcionario parezca acertada, lo más probable es que trate de mantener algo más oculto. Por lo tanto, todo debe ser cuestionado. Recibir las cosas con aplausos y piropos, en lugar de con preguntas y dudas, mantendrá a los halagadores atrapados en el mundo de fantasía fabricado por el poder y a las redes de corrupción intactas.
Criminólogo.