Desde que Nayib Bukele ganó las elecciones de este año, las páginas editoriales y los programas de entrevistas se han enfocado frecuentemente en discutir sobre quiénes integrarán el nuevo gabinete. Las opiniones brindadas sobre el tema coinciden en que las expectativas ciudadanas son extremadamente altas. La campaña presidencial, en gran medida, se centró en la promesa de apartarse de los vicios del pasado y poner el futuro del país en manos de los más capaces. Bukele ha adoptado una estrategia poco usual para anunciar a los integrantes de su gabinete, comunicando uno por uno los nombres y puestos. Hasta el momento no ha revelado quiénes estarán a cargo de las carteras más sensibles del gobierno, como la seguridad. Esto ha creado ansiedad en parte significativa de la ciudadanía.
El Salvador acaba de aguantar a dos gobiernos que ilustraron perfectamente cuáles son las devastadoras consecuencias de nombrar a funcionarios por su afinidad política o familiar con los dirigentes del partido oficial, y no por su capacidad profesional. Tener a este tipo de burócratas termina desnaturalizando el propósito de las instituciones a las que son asignados, convirtiéndolas en simples instrumentos para la consecución de objetivos alineados con los intereses del partido en el poder y no con los de la ciudadanía. Esto fue especialmente evidente en el gabinete de seguridad.
Los cuerpos de inteligencia policial, militar y del estado se concentraron en espiar a opositores políticos y dejaron a un lado la recolección, análisis y tratamiento de información relacionada a la seguridad pública y nacional. Bajo estos últimos gobiernos, incrementó la cantidad de incidentes en los que se detectó y denunció espionaje electrónico en contra de entidades y personajes cuyas actuaciones pueden calificarse como un contrapeso saludable al poder. Los críticos y disidentes de las políticas de gobierno se volvieron blanco de las autoridades.
Estrategias oscuras como “la tregua” muestran cómo tener a funcionarios inamoviblemente fieles al partido oficial permite ampliar los límites que se imponen a la ambición política. Ningún funcionario responsable hubiese accedido a negociar en secreto con los cabecillas de las pandillas y, al mismo tiempo, fingir un abordaje totalmente distinto. Eso solo lo hacen personas obedientes y subordinadas al partido oficial, cuya ignorancia y falta de experiencia las privan de cualquier sentido de responsabilidad ética y profesional. Así no dudan en hacer cosas que traen beneficios para su partido en detrimento de la ciudadanía.
Estos funcionarios convierten sus instituciones en instrumentos políticos, distrayéndolas de su misión principal y saciándolas de personas que profundizan ese distanciamiento de su propósito original. El aparato de seguridad se convirtió en uno de los epicentros principales del clientelismo político. La contratación de personas afines al partido oficial fue tan pronunciada que, en un momento determinado, no encontraban a qué oficinas enviarlas. Los reacomodos al interior, con pocas excepciones, se decidieron a partir de la lealtad y afinidad política de los mandos.
Esto, sin duda, tuvo un impacto negativo sobre el trabajo operativo y estratégico del gabinete de seguridad.
Después de ver cómo se deterioró la seguridad pública como consecuencia del nombramiento desatinado de funcionarios, las expectativas ciudadanas son altas y, por lo tanto, también la ansiedad con respecto a quiénes se les encomendará la responsabilidad de velar por nuestra seguridad. Estas personas tendrán a su cargo la difícil tarea de desmontar cuadros y enfoques eminentemente políticos e iniciar la transición a un abordaje técnico, responsable y profesional. Las implicaciones que esto tiene en cuanto al perfil de quienes sean elegidos por Bukele han sido enumeradas reiteradamente. Sin duda, se considerarán a la hora tomar la decisión final y, en consecuencia, nos quedará claro qué nivel de importancia se les asignó.
Criminólogo @_carlos_ponce