Muchos que ejercen el poder o aspiran a un cargo público asumen que su posición no les implica asumir responsabilidades, que no están sujetos al escrutinio público y a la rendición de cuentas.
La presentación de memorias de labores ante la Asamblea Legislativa, en julio pasado, fue un claro ejemplo de cómo desde la función pública se buscan más los aplausos que brindar información, una visión distorsionada que debería ofender hasta a los que celebran tal actitud.
Acciones previas empeoraron el acceso a información pública y la revistieron de opacidad. Desde junio de 2020 el Ministerio de Salud incluyó en el índice de Información Reservada, hasta junio de 2022, toda la documentación elaborada por el Laboratorio Nacional que procesa las pruebas de coronavirus.
El artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece en el literal d que la reserva es referida a todo lo que “ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”. Una reserva tan general que no precisa qué documentación pueda causar tales consecuencias.
En El Salvador se mantiene la opacidad, la desinformación y la tergiversación por funcionarios de distinto rango, además de un discurso que en ningún momento alienta el ejercicio del periodismo en su dimensión de derecho humano; al contrario, fomentan la apología a la violencia y se ponen en el mismo plano al activismo político y la versión oficial.
Un caso reciente son las descalificaciones y estigmatización contra la periodista Cecibel Romero, de la revista digital Salud con Lupa, tras la publicación de un hilo en la red social Twitter sobre la llegada al país de la vacuna contra el COVID-19.
La creación de una etiqueta en redes sociales con términos descalificativos fomentó expresiones de violencia contra la autora de la publicación.
En una audiencia especial sobre libertad de expresión en El Salvador celebrada en diciembre, el Relator Especial, Pedro José Vaca, invitó al Estado a sintonizar su tono con los estándares vigentes en la materia. La diligencia se efectuó como un mecanismo preventivo, en atención al deterioro del ejercicio de ese derecho en el país.
Es importante que se asuma la responsabilidad desde el Estado. En palabras del Relator: “Si se acude fácilmente a denigrar periodistas, podemos estar sembrando asomos de autoritarismo que no quisiéramos ver en más países de la región”.
No es una práctica nueva. Entre el 2017 y a inicios de febrero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado medidas cautelares por considerar que periodistas de las revistas El Faro y Factum han afrontado una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
Los compromisos internacionales son una responsabilidad que aunque incomode tienen muchas más relevancia de lo que se desinforma, estigmatiza en redes sociales y fomenta la apología de la violencia, en muchos casos, desde el Estado mismo.
Periodista.