El proceso de paz en El Salvador, si bien fue ejemplarizante y ampliamente reconocido por la comunidad internacional en muchos aspectos, aún mantiene asignaturas pendientes de resolver por el Estado salvadoreño.
La verdad, la justicia y reparación tras 28 años del fin de la guerra civil es uno de los mayores elementos incumplidos en ese marco. Esos tres elementos cruciales son parte primordial no solo de la misma consolidación de la paz sino también del fortalecimiento de la democracia.
Es innegable, que en estos últimos años, la democracia salvadoreña se ha consolidado y madurado. Hemos logrado procesos electorales transparentes, participativos y, cada cierto tiempo, se ha dado el salto cualitativo a la discusión de los grandes temas de nación.
Pero esa discusión se torna virtualmente imposible cuando nos enfrentamos a la intransigencia de quienes quieren vivir en la confrontación y se resisten a dejar las viejas prácticas del pasado para dar paso a un nuevo momento para nuestro país y su gente. Muestra de ello son ciertas posiciones, partidarias o a título individual, vertidas por miembros de la Asamblea Legislativa en materia de justicia transicional.
Como es conocido en el año 2016 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la vigente Ley de Amnistía y ordenó a la Asamblea Legislativa elaborar una nueva legislación. La legislatura se tardó cuatro años en presentar el proyecto de ley, pero el pasado 24 de febrero sólo tomaron tres días para discutirla y tres horas para aprobarla.
El Presidente Nayib Bukele vetó esta ley por no garantizar los principios universales de verdad, justicia y reparación, entre otros elementos; dejando evidenciado que es otra ley de amnistía disfrazada y una clara burla a las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos a raíz del conflicto armado.
En los tres días de discusión la mayoría de diputados ignoró los aportes y planteamientos de las víctimas y ofrecen en cambio, una ley que busca y promueve la extinción de la responsabilidad penal.
Una ley de verdad, justicia y reparación debe contener necesariamente garantías al derecho de acceso a la justicia, al debido proceso, a la investigación y a la reparación de las víctimas.
Tanto el sistema interamericano de derechos humanos así como el sistema universal de los derechos humanos, han reiterado a través de numerosas recomendaciones la indisoluble relación entre la democracia y la vigencia y respeto de los derechos humanos. Por ello, el señor Presidente Nayib Bukele vetó esta ley porque, de no hacerlo, debilitaría nuestra democracia y el respeto a los derechos humanos.
En sus muy variados informes, con meridiana claridad, la CIDH ha indicado que “El derecho a la verdad ha surgido como respuesta frente a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de los Estados”.
La actual ley obvia, ignora o aborda muy superficialmente conceptos como el de reconocer el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad con respecto a los hechos que dieron lugar a graves violaciones de los derechos humanos, así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos e incluso el derecho a que se haga justicia ante los crímenes atroces de los que fueron víctimas hace 28 años. Son esas las carencias fundamentales de la ley que ofrecen a los salvadoreños la mayoría de diputados.
La Comunidad Internacional debe observar y señalar la actuación de buena parte de los diputados, algunos de ellos, señalados e investigados como socios de las maras y del crimen organizado transnacional, quienes ahora también intentan ignorar los crímenes de lesa humanidad y un pasado que forma aún parte de nuestro presente, revictimizando a las víctimas, negándoles nuevamente el derecho a la verdad y a la justicia; de aceptar esa ley se fomentaría la impunidad. La Comunidad Internacional no debe ni puede ser sorprendida en su buena fe.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha reiterado su contundente apoyo y solidaridad a las víctimas del conflicto armado y a cualquier ciudadano cuyos derechos fundamentales hayan sido irrespetados.
La real amenaza a la institucionalidad democrática en El Salvador se encuentra enquistada en la Asamblea Legislativa y serán los salvadoreños, quienes con su voto libre e informado, decidirán sobre la composición de ese Órgano del Estado en las elecciones 2021.
Las víctimas salvadoreñas de graves violaciones a los derechos humanos han sido burladas por la actual Asamblea Legislativa al negarles una auténtica ley de justicia transicional, reparación y reconciliación. En su lugar, esta Asamblea Legislativa está empecinada en crear comisiones para investigar lo no ocurrido, lo que pudo haber pasado y no ocurrió, ignorando las reales demandas de la ciudadanía como lo es el préstamo para seguridad.
Una tormenta que no cae, ¿es tormenta?; un hecho que no ocurre, ¿es un hecho?; un acto no consumado, ¿es un acto?
Los salvadoreños aguardamos que los diputados cumplan con las funciones para las cuales fueron electos. La lógica jurídica debe imponerse y no crear hechos y darlos por consumados para ocultar alianzas que menoscaban el legislar por la seguridad, la verdad, la justicia y la reparación.