El pasado martes 13 de agosto la Plataforma Ciudadana Electoral (PCE) presentó el primer bloque de reformas para consideración de la Asamblea Legislativa. La PCE es una iniciativa ciudadana en la que participan ocho instituciones privadas. Su finalidad principal es el estudio de una reforma electoral integral. La diversidad de pensamiento de sus integrantes no ha dificultado la construcción de los consensos necesarios para armonizar los conceptos en el ámbito electoral.
El informe plantea iniciativas de cambio en los siguientes ámbitos: escrutinio en las elecciones legislativas; presupuesto de las elecciones y para el fortalecimiento de los partidos; control del financiamiento político; la configuración de los organismos electorales temporales y la capacitación de sus miembros; las garantías que precisa la observación electoral; la adjudicación de escaños para los candidatos no partidarios; y la ampliación del derecho al sufragio para otros segmentos de la población: discapacitados y privados de libertad no condenados.
En cuanto al escrutinio se demanda el uso obligatorio de tecnología para el conteo de los votos por los partidos y de las marcas que reciben los candidatos. La elección de 2015 y con menor intensidad la de 2018, demostró un déficit preocupante en este aspecto. Las inconsistencias en las actas, que obligó al recuento de los votos en la circunscripción de San Salvador, y los errores en las marcas que correspondían a cada aspirante a diputado, confirmaron el desacierto del TSE al contratar proveedores sin experiencia o cuestionados para la realización de estas funciones.
Por esta razón la PCE postula ante la Asamblea Legislativa la contratación de servicios tecnológicos de primer nivel y que su uso se aplique tanto en el escrutinio preliminar, que ejecutan las Juntas Receptoras de Votos (JRV), como en el escrutinio definitivo.
La PCE señaló a los legisladores que los partidos deben mantener un programa permanente de capacitación de sus líderes y militantes. Esto requiere de un presupuesto que, en períodos ordinarios fuera de las campañas electorales, le permita a los institutos políticos cumplir con ese cometido.
El uso de un porcentaje del dinero público -deuda política- que reciben los partidos, podría ser una alternativa. También se recordó a los diputados sobre la obligación de respetar el presupuesto extraordinario que presenta el TSE para la celebración de elecciones. En los últimos cuatro procesos se ha recortado lo solicitado por la autoridad electoral sin tener en cuenta que aumentaron sus obligaciones debido a las sentencias de la Sala de lo Constitucional y a las reformas aprobadas en los últimos años.
En materia de control del financiamiento político de los partidos se sugiere ampliar la auditoría a los fondos que reciben los candidatos. Asimismo se reitera la debilidad con la que se satisface esta función en la actualidad y se propone la creación de una unidad especializada con personal calificado, equipo informático y cruce de datos con otras instancias que vigilan el uso del erario público. Por otra parte se recomienda elevar la rigurosidad de las sanciones estableciendo penas que planteen la pérdida del cargo para aquellos funcionarios electos que hayan cometido este tipo de infracciones.
La PCE expone su interés de profundizar en la ciudadanización de las JRV. Así, formula la posibilidad de sortear entre los votantes de cada JRV a las personas que la conformarán o recurrir a los universitarios para que los partidos propongan las listas que señala el Código Electoral. Respecto de su capacitación se pide mantener una formación continua o ejecutar esta tarea por lo menos con un año de anticipación al evento electoral.
Dos propuestas adicionales tienen que ver con la observación electoral y con la adjudicación de escaños a los no partidarios. La PCE exige regular por ley el derecho de la sociedad civil para observar los procesos electorales. En las dos pasadas elecciones el TSE negó esa facultad a algunas asociaciones de manera arbitraria. La otra medida es la de admitir la agrupación voluntaria de candidatos no partidarios en planillas sin sobrepasar el número de escaños que corresponden a cada circunscripción electoral. Con esto se evitaría que un elector termine respaldando una candidatura cuya oferta electoral no es compatible con sus principios y valores.
La ampliación del derecho al sufragio a los discapacitados podría concretarse con el voto domiciliar para los enfermos con un 70% de discapacidad certificado por el ISSS. La propuesta para los privados de libertad sin condena la retoma la PCE de las recomendaciones de la Unión Europea (UE) en su informe sobre las elecciones 2019. La UE fundamenta su respaldo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en experiencias ya aplicadas en Costa Rica, Ecuador, Argentina, Colombia y 17 naciones europeas, entre otros países. En el caso salvadoreño se plantea el debate de la reforma del artículo 74 de la Constitución.