De acuerdo con investigaciones realizadas por The Washington Post, de los Estados Unidos; ABC, de España e Infobae, de Argentina, que incluyen entrevistas a altos dirigentes de las pandillas, la reducción de homicidios que se ha producido en el país a partir de junio responde a una decisión unilateral de las pandillas de evitar confrontaciones innecesarias con el nuevo gobierno. La disminución ha sido constatada por todas las fuentes y es una realidad que no se puede negar. El porcentaje de reducción es similar al que se alcanzó en la pasada tregua de los años 2012-2014.
Si se da por sentado que los homicidios producidos por las pandillas han llegado a casi cero todavía queda otra cantidad alarmante de muertes violentas que se producen cada día. La reducción, en términos muy generales, es de alrededor de un 50% con relación con el año anterior. Más o menos el mismo porcentaje de la primera tregua. El problema es que ese otro 50% es suficiente para que El Salvador continúe en su categoría de país con epidemia de violencia, de acuerdo con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Aún si las pandillas desaparecieran del todo de un día para otro, continuaríamos muy mal en niveles de agresividad, violencia y asesinatos. Una de las virtudes de estos procesos de pacificación es que dejan al descubierto las otras violencias que nos aquejan y que, usualmente, se pierden de vista entre la notoriedad de los homicidios de las pandillas. Esos otros homicidios responden a delitos patrimoniales, crímenes de odio y pasionales, disputas interpersonales, tráfico de drogas, trata de personas, feminicidios, etc.
El estado actual constituye una ventana de oportunidad que se debe aprovechar, mientras dure, para incrementar la dedicación a esas otras violencias que son muy graves y a las que no se les ha dado el enfoque suficiente debido al alto consumo de recursos y personal que la violencia de las pandillas demanda. Pero, ahora, se pueden concentrar los recursos de la investigación, la inteligencia y la criminología a enviar mensajes disuasorios a los delincuentes comunes. En especial, al tener en cuenta que con ese tipo de delitos sí funcionan recursos tradicionales como las cámaras de vigilancia, la presencia policial, la participación comunitaria o marcos conceptuales como el de las «ventanas rotas». La persecución policial y la privación de libertad también resultan efectivas en estos casos como disuasivos del delito.
Por supuesto que esto no implica despreocuparse de la violencia de las pandillas y de sus férreas estructuras de control y extorsión, que siguen plenamente vigentes. Al contrario, el actual, es un tiempo de relativo alivio que permite trabajar en aspectos desatendidos por la inercia del día a día. Es un buen momento para elaborar una política pública amplia de prevención de la violencia. En lugar de utilizar la actual situación singular de manera electoral, sin ninguna intervención y esperando a que se sostenga por sí misma, se debe consensuar un plan nacional de prevención de la violencia con los sectores claves de la sociedad, asumirlo como un asunto de Estado y acordar su financiamiento y ejecución como prioridad de país. Las líneas fundamentales se encuentran definidas en tantísimos estudios y planes previos, solo queda elaborar una ruta crítica que haga posible su ejecución.
Pastor General de la Misión Cristiana Elim.