Como madre que soy se me quiebra el corazón al pensar en lo que deben sentir esas mujeres cuyos hijos han sido etiquetados como “desaparecidos”.
En unos minutos, la vida puede dar un vuelco, tal como le ha sucedido a tantas madres salvadoreñas que tuvieron que enfrentar el horror de perder a uno o más familiares y que, conscientes de la situación de violencia que vivimos, deberán pasar lo que les resta de vida tratando de aceptar que sus seres amados no retornarán jamás.
El año pasado, con apoyo del Gobierno de Canadá y de la ONU, se firmó el “Protocolo de Acción Urgente y estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador”, con participación de la Fiscalía, PNC y Medicina Legal, buscando unificar los datos y concretar acciones. Porque uno de los mayores problemas en torno a esta situación es la insistencia del gobierno por minimizar las cifras, algo que no concuerda con quienes, como el caso de Medicina Legal o el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, trabajan de cerca con familiares de las personas desaparecidas.
Solo en el primer semestre del 2019, según datos de la Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil, ha habido 1687 personas que entran en esta triste categoría de desaparecidas.
Si bien es cierto que desde que el primer gobierno del FMLN pactó una tregua con las pandillas, a fin de bajar los números negativos del gobierno y ocultar su incapacidad para combatir el crimen organizado, también es cierto que fue en ese momento que comenzó a elevarse la cifra de desaparecidos, eso sin mencionar que comenzaron a aparecer más cementerios clandestinos.
Es decir, por un lado los criminales recibían réditos por el pacto, pero por el otro comenzaban a ocultar sus crímenes e incumplir el acuerdo que tenían con el gobierno. Y a la par, esa tregua lo único que logró fue que las pandillas se organizaran como un ejército de muerte.
El calvario que una persona sufre en la búsqueda de un amigo o pariente desaparecido es intolerable y cruel, porque pasar entre hospitales, Medicina Legal y la policía sin obtener respuestas, debe de ser demasiado duro para soportar.
Según datos de la Fiscalía, en nuestro país desaparece en promedio 10 personas por día, la mayoría con edades entre 15 y 40 años. El año pasado se registraron 3,500 casos, una cifra que debería congelar nuestra sangre y obligarnos a exigir una mejor, más rápida y más efectiva respuesta por parte de las autoridades a cargo.
A la par de nuestras demandas como ciudadanos, también es necesario fortalecer la capacidad de respuesta de la Fiscalía, para que tengan más recursos tanto económicos, como humanos para resolver estos requerimientos.
También es necesario que en casos como Medicina Legal, se capacite al personal que atiende a esas personas que muchas veces deben ir no una, sino infinidad de veces a cerciorarse de que el cuerpo de su familiar no se encuentre ahí. Es urgente humanizar a estas instituciones.
El Gobierno debe ponerle más atención a este tema, algo que, sin lugar a dudas, pasa por diseñar y ejecutar un verdadero plan de lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, que sea sostenible en el tiempo.
Diputada.