La interpelación del Ministro de Defensa es el primer acto concreto que persigue deducir responsabilidades por la militarización de la Asamblea Legislativa. No es una “revancha política” ni un capricho partidario. Es una de las varias consecuencias de lo acontecido el 9 de febrero, cuando el Presidente de la República ingresó al hemiciclo legislativo custodiado por varias decenas de efectivos militares.
El hecho sobrevino a la vista de todos: nacionales y extranjeros. La comunidad internacional se apresuró a condenar la intromisión del ejército. Los medios de comunicación y las redes sociales transmitieron las estampas que, en pleno siglo XXI, creíamos extinguidas.
Durante los últimos seis meses, desde ocurrido aquel suceso, se ha intentado restar importancia al asunto bajo el argumento de que algunos diputados autorizaron el ingreso de los militares al Salón Azul. Esa circunstancia es la menos importante de todas. Lo verdaderamente relevante es que el mandatario dijo a un periódico internacional que lo hizo para “presionar a los diputados”. La actividad política lleva aparejado el debate; sin la deliberación pierde sentido la democracia. Sin embargo esa discusión tiene como límite al Estado de derecho. Cuando se intenta imponer ideas por la fuerza, irrespetando el juego democrático, en el que siempre es necesario que exista una pluralidad de actores, entonces se requiere activar los controles orientados a salvaguardar el equilibrio de poderes.
Los grupos parlamentarios interrogarán al titular de Defensa en base a un cuestionario previamente establecido. El ministro tendrá la oportunidad de explicar lo sucedido. El prestigio de la Fuerza Armada está en riesgo y es deber del ministro, como máxima autoridad, recuperar la confianza de la población y la de los organismos internacionales en una instancia que ha sido calificada como ejemplar en el cumplimiento del acuerdo de paz.
En la historia reciente sobresalen las interpelaciones de un expresidente del Banco Central de Reserva y la de un exministro de Agricultura. Hace pocos meses presenciamos la del actual presidente de ANDA y la de la exministra de Salud cuya remoción, en principio, no tuvo relación con la figura que comentamos. Si bien en todos los casos el motivo de la interpelación se vinculó a situaciones que, supuestamente afectaron a la población, ninguna representó un trance que amenazara la estabilidad del sistema político y desafiara los frenos y contrapesos consignados en la Constitución de la República.
Es muy probable que buena parte de la población no identifique la trascendencia de esta situación. La gente está preocupada por su salud, por el empleo perdido, por el daño en sus negocios, por la inseguridad y por el desconcierto que le causa la pandemia. Es difícil equiparar la desgracia que significa la pobreza, la muerte de un familiar o una precaria situación económica con la desventura de perder la democracia. Esta última se encuentra desvalorizada y los gobernantes con tentaciones autoritarias lo saben. Por eso ha crecido el populismo y ya no se disimula la afrenta de los mandatarios en contra de las instituciones.
El Ministro de Defensa tiene la oportunidad de reivindicar la honra y buena fama de la Fuerza Armada. Reconocer el exceso con el que actuó el 9 de febrero, pedir perdón, garantizar que esa conducta no se repetirá y poner su cargo a disposición del presidente, aplacaría las voces que comienzan a retumbar pidiendo la disolución de la institución castrense. No hacerlo y justificar el ingreso de los militares al recinto legislativo evidenciará su falta de sumisión a la Constitución y la lealtad equivocada que profesa al gobernante. Lo acordado al finalizar el conflicto bélico fue la subordinación de la Fuerza Armada al poder civil, no al presidente ni al gobierno de turno.
Aunque el grueso de la población asimile la interpelación del Ministro de Defensa a la polarización entre los Órganos Legislativo y Ejecutivo, lo cierto es que, en el largo plazo, terminará reconociendo que ese tipo de controles, y las organizaciones, actores políticos y personas que lo exigieron, fueron imprescindibles para asegurar la perdurabilidad de las instituciones y la continuidad del sistema democrático. Ahora mismo nos servirá para que el mundo sepa que en El Salvador existen controles que exigen cuentas y que sancionan comportamientos autoritarios.
Director de Estudios Políticos de FUSADES