Para Luis Almagro, Secretario General de la OEA, la militarización de la Asamblea Legislativa y el reiterado incumplimiento de las sentencias de la Sala de lo Constitucional por parte del Ejecutivo no constituyen hechos que deban preocupar a la comunidad internacional. El funcionario califica como “voces recurrentemente histéricas” a las que señalan los peligros que enfrenta el sistema político salvadoreño y la democracia en general.
La irrupción de efectivos de la Fuerza Armada al Palacio Legislativo, ordenada por Bukele el 9 de febrero de 2020, ratificó su intención de gobernar al margen de la Constitución. El presidente tomó por asalto la Asamblea Legislativa, militarizó el Salón Azul, intimidó a sus opositores políticos con presencia policial en sus sedes partidarias y arengó al “pueblo” para que protagonizara una insurrección en contra de los diputados. La Corte Suprema de Justicia prohibió al presidente hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines establecidos en la Constitución. También le exigió no poner en riesgo el principio de separación de poderes.
Al 28 de mayo de 2020, la Sala de lo Constitucional registraba 60 inconstitucionalidades, 330 habeas corpus y 61 amparos relacionados con actos ilegales en tiempos del coronavirus. A la misma fecha, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos había recibido 1,637 denuncias entre detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos a la salud, el trabajo y el acceso al agua, todas en los meses de cuarentena.
En una resolución sin precedentes, la Sala declaró como contrarios a la Carta Magna la totalidad de decretos ejecutivos autorizados por Bukele durante la emergencia sanitaria. Entre otros aspectos, el fallo advirtió al Ejecutivo que el Código de Salud no le da potestades al gobierno para usar el confinamiento “como una medida de castigo o sancionadora”.
El tribunal señaló que la pandemia debe afrontarse con responsabilidad, pero sin violar la Constitución, los derechos humanos y las leyes. Agregó que es necesario garantizar el acceso a la información pública durante la emergencia y dejó claro que la suspensión de derechos no interrumpe el Estado de derecho ni excluye la responsabilidad de los funcionarios si incumplen la ley.
Bukele inició su mandato restringiendo el acceso de los medios de comunicación a las conferencias de prensa. Primero, impidió el ingreso de periodistas de El Faro y de la Revista FACTum. Segundo, discriminó a ciertos medios excluyéndolos de la cuenta de WhatsApp administrada por la secretaría de prensa. Tercero, eliminó la pauta publicitaria para los medios críticos a su gestión. Y cuarto, en las conferencias de prensa agrede a los periodistas y los señala como instrumentos financiados por grupos que quieren dañar su imagen. Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha advertido sobre este comportamiento.
El presidente desconoció al líder del principal partido de oposición, prohibió a sus ministros reunirse con el representante de la máxima gremial empresarial, descalifica a la sociedad civil y llama “organizaciones de fachada” a las entidades nacionales y extranjeras que velan por la defensa de los Derechos Humanos. Bukele fomenta la violencia a través de su cuenta de Twitter. Fustiga a los que contradicen o critican sus políticas de gobierno y promueve un discurso de odio.
La lista de hechos contrarios a la paz social, a los valores democráticos y a la Constitución es larga. Sin embargo, durante todo este tiempo, el secretario Almagró guardó silencio. Cuando decidió pronunciarse lo hizo para defender al mandatario. Dijo que “no debemos inventar dictaduras donde no las hay”. Efectivamente la de El Salvador sigue siendo una democracia. Tenemos instituciones de control, celebramos elecciones periódicas, libres, transparentes y equitativas, y las libertades de expresión, manifestación y económicas, aunque amenazadas, continúan vigentes. Almagro sabe bien que los autoritarismos y las dictaduras no surgen de golpe. Evolucionan y, cuando menos se espera, toman a las instituciones por asalto. Así lo denunció en Venezuela y, con menos premura y entusiasmo, en Nicaragua.
El secretario Almagro encuentra consuelo recordándonos que, en el marco de la pandemia, todos los países han restringido libertades y derechos. ¿No le llama la atención que The Washington Post, The New York Times, el Nuevo Herald, CNN, el País de España, The Wall Street Journal, DW de Alemania, Oppenheimer, Montaner, Zovatto y Casas Zamora de IDEA, Cynthia Arnson del Woodrow Wilson, Mirian Kornblith del NED, congresistas y senadores de los Estados Unidos, entre otros muchos, den cobertura a lo que sucede en El Salvador y no se enfoquen en otros países? ¿Son estos medios, intelectuales, políticos y organizaciones “reactivos” a todo lo que hace o dice el presidente Bukele? Lo son, ciertamente, porque no toleran lo que el secretario ha consentido: una clara tentación autoritaria que a la larga puede convertirse en otra trágica historia, similar a otras que ya constatamos en América Latina.
*Doctor en derecho y politólogo