PUESIESQUE…Este amigo de ustedes reflexionaba la semana pasada sobre los paralelismos entre lo sucedido en el Capitolio de los Estados Unidos de América, el 6 de enero de 2021, y lo acontecido en la Asamblea Legislativa, el 9 de febrero de 2020 (9-F/2020): compartíamos que hay grandes diferencias entre la invasión del Capitolio por una turba de orates incentivados por el propio Presidente y la toma del Salón Azul por militares y policías, pero también señalamos que quizá la mayor diferencia son las reacciones políticas y sociales.
En efecto, en Estados Unidos ha sido prácticamente unánime la condena a la conducta y al discurso del ya casi expresidente, con renuncias de funcionarios del mismo Poder Ejecutivo (posiblemente, avergonzados de pertenecer a semejante administración presidencial), investigaciones federales por sedición, capturas de involucrados, suspensión o retiro de donaciones al Partido Republicano por parte de grandes empresas, así como exigencias de responsabilidad política del presidente (ya sea la destitución por incapacidad para ejercer el cargo, ya sea un nuevo juicio político). En resumen: la institucionalidad democrática funcionando.
En el país, en cambio, ante la más grave afrenta a la democracia en los últimos 30 años, no ha pasado prácticamente nada: por una parte, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SCn/CSJ) se limitó a formular un discurso casi abstracto, en el sentido de ordenar al Ministro de la Defensa Nacional (FF.AA.) y al Director de la Policía Nacional Civil (PNC), “no ejercer funciones ni actividades distintas a las que constitucional y legalmente están obligados (…)”, sin atreverse a denunciar la existencia de eventuales delitos; y, por otra parte, la Fiscalía General de la República (FGR) dice que, después de casi un año, todavía sigue investigando (con franqueza, no tengo confianza en que la FGR cuente con la valentía suficiente para procesar penalmente a quienes participaron en la toma militar del Salón Azul de la Asamblea Legislativa). En resumen, se repite la triste historia de El Salvador: la impunidad campando a sus anchas.
Por ello, si bien la invasión al Capitolio estadounidense fue más un acto más violento y con pérdida de vidas humanas, la toma de la Asamblea Legislativa ha sido institucionalmente más grave: tanto porque fue el propio presidente de la República quien al mando de militares y policías dirigió el operativo, como porque las instituciones públicas fueron incapaces de ejercer las potestades que le están atribuidas, dejando en la impunidad tan oprobioso hecho.
Una de las vías para garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos y al sistema democrático, es la exigencia de responsabilidad —penal, política, administrativa— a los partícipes en los hechos, ya que si estos advierten que no padecen consecuencia alguna por sus acciones ilegales, existe el incentivo para repetir, extender y profundizar sus actos contrarios a los derechos humanos y a la democracia.
La ausencia de exigencia de responsabilidades a los partícipes del vergonzoso suceso del 9-F/2020 ha permitido que las absurdas y contradictorias explicaciones elaboradas desde Casa Presidencial (CAPRES) hayan calado en la opinión pública y, así, parece que el país se acerca a un suicidio colectivo —político y social— al conceder más poder a un gobierno de perfil autoritario y cleptómano.
Así que, como los autoritarios no se detienen en su proyecto de apoderarse de las instituciones, no es mala idea que la SCn/CSJ (que tarda muchísimo en resolver) debería tener lista ya la resolución que declare de oficio la inconstitucionalidad del decreto que casi seguramente se emitirá en el segundo semestre de 2021 disponiendo la destitución o el traslado de los propios magistrados de la SCn/CSJ.
Abogado constitucionalista.