En el marco de la XXIX Asamblea General Ordinaria de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Latinoamérica y el Caribe (OLACEFS), recientemente celebrada en nuestro país, un tema relevante de discusión, fue la integridad en las instituciones públicas.
El término integridad se deriva del latín in-tangere, que significa intocable, concepto relacionado a la incorruptibilidad y al hecho de mantenerse intachable. La integridad va más allá de la ausencia de fraude y corrupción, pues también conlleva valores comunes como la ética y la cultura.
Promover la integridad en las entidades públicas no es una responsabilidad exclusiva de los funcionarios de alto nivel, sino también de los mandos medios quienes son claves en una gestión, a través del impulso de medidas preventivas que fomenten la buena gobernanza y el combate a la corrupción.
La misión principal de las EFS es auditar el uso de los recursos públicos, y la integridad debe ser parte de la evaluación que se realiza en las entidades públicas auditadas. Es tal la relevancia que el tema está incluido en la Convención de las Naciones Unidas sobre Corrupción.
De acuerdo con la metodología de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), existen cinco dimensiones vinculadas con la integridad: 1) Responsabilidad de la Integridad, los servidores públicos actúan con integridad cuando observan los valores y normas de la buena administración; teniendo el debido cuidado de ejercer sus atribuciones con responsabilidad y en beneficio de la ciudadanía o del interés general. Por lo que la integridad es un producto en conjunto, que incorpora la correcta gobernanza de los organismos auditores y las buenas prácticas de sus empleados. 2) La integridad es una precondición para la autoridad gubernamental y la confianza pública, ya que ella significa un requisito para el desempeño eficaz y efectivo del sector público, determinante para generar legitimidad y confianza ciudadana en las instituciones. 3) La integridad no sólo solo se trata de la simple observancia de leyes y reglas, es también una responsabilidad moral, ya que pueden existir situaciones nuevas, complejas y cambiantes, en las que no exista ley o que ésta sea ambigua, que lleven al servidor público a dilemas éticos: como es el caso de las facultades discrecionales, en los que será necesario formarse una opinión moralmente aceptable y actuar con responsabilidad, de acuerdo con los valores y normas de buena gobernanza. 4) Es necesario y urgente que en cada entidad pública exista una política de integridad que comprenda no sólo sanciones, sino, sobre todo, prevención. Con ésta no sólo se busca la eficacia, sino minimizar el costo del daño causado por conductas inapropiadas. 5) Esta política de integridad debe ser continua y permanente, es decir, si las políticas de Integridad se relajan cuando las cosas van bien, el riesgo de incidentes incrementa, de ahí la importancia que sea una política de estrategia permanente.
Por tanto, un sistema de integridad coherente y completo conlleva: compromiso de los altos directivos, que con responsabilidad asuman su rol claramente definido en la normativa legal, políticas y valores, tomando en cuenta a la sociedad, como elemento esencial que señale los actos de corrupción; liderazgo, para elaborar la agenda de la integridad y comunicarla a la organización; meritocracia para que en el sector público se empleen profesionales cualificados y comprometidos con los valores inmersos en la integridad; la formación de los servidores públicos mediante la capacitación para la aplicación de las normas de integridad; y apertura, para que el tema de la integridad sea discutido abiertamente y libremente en las entidades.
Primera magistrada de la Corte de Cuentas de la República.