La (des)protección de nuestras niñas

Hace ocho años El Salvador se sumó a la Resolución 66/170 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que desde el 2011 estableció el 11 de octubre como el día internacional de las niñas y las adolescentes. Mas allá de celebraciones, la fecha debe invocar nuestra indignación ante hechos de violencia y discriminación que sufren cada día nuestras niñas. Debemos reconocer, con vergüenza, que poco hemos avanzado para garantizarles a ellas una vida libre de violencia en que puedan desarrollarse con libertad y ser su propia voz en la defensa de sus derechos.
La violencia hacia niñas y adolescentes se ha intensificado durante la pandemia por COVID-19 en Centroamérica. La violencia sexual y aumento de embarazos de niñas y adolescentes las obligan a sufrir maternidad impuesta. Urge cambiar esto.
Registros de la Secretaría de Salud en Honduras plantean que un promedio de 3 niñas y adolescentes de 10 a 19 años dan a luz cada hora. Para el 2019 se reportaron 824 casos de embarazo en niñas de 10 a 14 años. En Nicaragua, al menos 8 niñas y adolescentes son víctimas a diario de maternidad impuesta producto de la violencia sexual. El Instituto de Medicina Legal nicaragüense indica que en 2019 un total de 3.223 niñas fueron embarazadas forzosamente, 401 más que en 2018. En Guatemala, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social registró 1,962 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años. Los embarazos en adolescentes entre 10-19 años de enero a septiembre de este año han llegado en este país a la cifra de 77,847.
El impacto de estos datos es abrumador, pero no nos impelen hacia acciones radicales y definitivas. En El Salvador, más de 6,800 niñas y adolescentes han resultado embarazadas durante los primeros 6 meses de este año, entre ellas 258 niñas de 10 a 14 años. Datos del Ministerio de Salud reportan que embarazos de niñas aumentaron en un 79.16% en el segundo trimestre del año 2020.
Nuestras sociedades normalizan la imagen de una niña-madre, negándose a reconocer que esta cotidianidad solamente es la parte visible de un drama más profundo que empieza en casa. El 64 % de los abusadores son familiares o personas de confianza. La violación o agresión sexual contra una niña o adolescente esta tipificada como un delito en la legislación penal. No obstante, entre marzo y mayo de 2020, la Fiscalía General de la República solo recibió 71 denuncias del delito de violación en menor o incapaz, 59 de agresión sexual y 21 por acoso sexual en contra de niñas y adolescentes mujeres. Los hechos han ocurrido en pleno confinamiento, en el seno familiar, donde se supone que la protección de la niñez y adolescencia debe estar garantizada.
La ONU plantea una agenda hacia la garantía de los derechos de las niñas que abarca un cambio de estereotipos de género, mejorar las oportunidades y calidad de su educación, incluyendo ramas técnicas y científicas, facilitación de programas para prepararlas a empleabilidad o emprendimiento futuros y darles voz desde ya.
No tenemos nada que celebrar si nuestras niñas son secuestradas, asesinadas, violadas, quemadas, viviendo en desigualdad y pobreza. Si en realidad deseamos marcar un cambio, debemos asumir niñas y adolescentes empoderadas de sus derechos. Nuestros compromisos deben enfocarse en educarlas para que en su futuro no tengan que depender de nadie, proveerles una formación sexual solida que les permita decidir por ellas mismas, enseñarles que su apariencia no es lo más importante sino su salud y mostrarles todo su potencial. Tenemos una inmensa deuda con ellas para darles un mundo en que no tengan que sufrir discriminación ni violencia por el hecho de haber nacido mujeres. Estamos llamados a asumir este compromiso hoy, enseñándoles, sobre todo, a expresarse libremente y a no callar.
Periodista e investigadora especializada en derechos humanos y educación para la paz.