En El Salvador, al 9 de septiembre del 2019, se registran en el sistema penitenciario 38,741 personas privadas de la libertad, de las cuales 28,090 se encuentran condenadas y 10,651 procesadas. De estas cifras el 92% son hombres y 8% son mujeres. De esta población actual interna el 20% tiene reincidencia en delitos, sumando 7,761 personas, lo cual es una cifra contundente y que nos refleja la falla del Estado salvadoreño histórica en cumplir la premisa del artículo 27 inciso tercero de nuestra Constitución de la República.
Es frecuente enterarnos por los diferentes medios de comunicación cómo principalmente hombres en fase de confianza o semi-libertad son sorprendidos cometiendo delitos, y otros, al cumplir su condena y en sus primeros días en libertad optan y privilegian el cometer crímenes y delitos porque su paso por cualquiera de los 28 centros penitenciarios solo fue un confinamiento y restricción de su libertad; más contar con casi ocho mil personas reincidentes debe llamar la atención del sistema de justicia y tomar la decisión de revertir esta historia.
El delito de mayor incidencia en la actualidad y las últimas décadas es el homicidio, con más del 30 por ciento de todos los condenados; en segundo lugar se encuentra el delito de extorsión, con casi un 17%; el robo, delitos relativos a la droga, agrupaciones ilícitas, con el 8% cada uno de ellos. Y el de violación, con un porcentaje superior al 6%.
Como podemos observar, nuestra radiografía en el sistema penitenciario nos indica que hombres y mujeres involucrados en pandillas y grupos de crimen organizado tienen gran incidencia y espacio en el sistema penitenciario, pero irónicamente son los que carecen de un tratamiento general y especializado. Todo debe iniciar con un adecuado y oportuno diagnóstico que sea personalizado, que le permita una clasificación, un perfil criminológico y sobre todo su tratamiento que el caso del modelo salvadoreño debe ser con carácter de progresivo.
Cuando hablo de tratamiento es y debe ser técnico científico; por tanto, los primeros pasos en nuestro sistema penitenciario pasan por el fortalecimiento de los verdaderos héroes y heroínas anónimos: el equipo técnico criminológico de cada centro penitenciario, el consejo criminológico regional y el consejo criminológico nacional, para generarles las condiciones necesarias de trabajo y de competencias profesionales, que se diseñe un escalafón técnico con su adecuada asignación salarial de acuerdo con sus competencias profesionales y plan de carrera. Es necesario una inversión y fortalecimiento de la Escuela Penitenciaria con una planta docente competente que tenga condiciones de equipo, biblioteca y mobiliario adecuados.
El tratamiento penitenciario no debe olvidar a los internos e internas comunes, pero mi recomendación es comenzar a trabajar con los condenados y procesados que provienen de pandillas y grupos organizados ya que son los que provocan mayor reincidencia, y que cuando salen sin haber recibido tratamiento será cuestión de tiempo para que regresen al sistema y contaminen a otros.
En El Salvador no existe pena perpetua y este ha sido el error de las administraciones anteriores por más de treinta años: pensar que no saldrán, hacer a un lado a la criminología y no tomarla en cuenta, más solo utilizar el nombre más no sus principios, investigaciones y alternativas de tratamiento. El modelo Yo Cambio no es tratamiento penitenciario, ha servido y ha sido excelente para combatir el ocio carcelario, pero no trata ni combate la compulsión. Ahora que la Dirección General y equipo administrativo tienen orden, control, disciplina es tiempo de hacer lo más importante: brindar el tratamiento penitenciario y evitar la reincidencia.
Experto en seguridad y criminólogo